Según la oficina del legislador por el estado de Texas, seis colegas suyos se sumaron recientemente al respaldo de dicha iniciativa, y ahora son 62 en total.
Con esa cantidad se rebasa la barrera de los 60 votos necesarios para superar el sufragio de requerimiento por el cual la propuesta legislativa pasaría al pleno, y después sería suficiente una mayoría mínima (51, de 100 senadores) para su aprobación.
La norma, llamada Fix NICS Act, pretende reforzar las disposiciones existentes en aras de garantizar que las autoridades transmitan los antecedentes penales de personas a la base de datos del Sistema Nacional Instantáneo de Verificación de Antecedentes Criminales (NICS, por siglas en iglés).
Ese mecanismo es utilizado por el Buró Federal de Investigaciones (FBI) para comprobar en pocos minutos si alguien que solicita comprar un arma ha cometido algún delito.
A juicio de diversas fuentes, aún la base de datos está incompleta pues algunos estados y agencias federales incumplen el requisito de informar al NICS.
Teniendo eso en cuenta, la ley pretende sancionar a las entidades que no cooperen con el registro.
La Fix NICS Act comenzó a ser promovida en el Congreso norteamericano tras el tiroteo masivo del pasado 5 de noviembre en la Primera Iglesia Bautista localidad texana de Sutherland Springs.
En ese hecho, cuyo responsable, el exmiembro de la Fuerza Aérea Devin Kelley, se suicidó posteriormente, quedaron 26 personas muertas y 20 heridas.
Kelley tenía antecedentes por abuso doméstico y había sido ingresado en un centro de salud mental.
Sin embargo, la Fuerza Aérea reconoció que no había introducido correctamente esas informaciones en la base de datos del FBI, y entonces el criminal no tuvo problemas para adquirir el arma usada en la masacre.
Después del tiroteo del último 14 de febrero en la escuela secundaria Marjory Stoneman Douglas, de la ciudad de Parkland, Florida, con saldo de 17 muertos, volvió a cobrar auge el debate sobre el control de armas en Estados Unidos.
Más allá de los llamados del presidente Donald Trump y otras voces a ejecutar acciones concretas contra la violencia por el uso de tales medios, todavía queda mucho por hacer, según familiares de víctimas de tales tragedias y defensores de regulaciones más estrictas.