Washington, 29 jul (PL) El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró hoy que cruzar la frontera de su país de forma ilegal, con o sin hijos, tiene consecuencias.
Muchos (inmigrantes) usan niños para sus propósitos siniestros, escribió en su cuenta personal de la red social Twitter el mandatario republicano, blanco de críticas constantes por las políticas sobre este asunto.
Otra vez, Trump hizo un llamado al Congreso norteamericano a cambiar la actual legislación migratoria, a la cual se refirió como «la peor y más tonta» del mundo.
Estaría dispuesto a «cerrar» el gobierno si los demócratas no nos dan los votos para la seguridad fronteriza, que incluye el muro (en el límite con México), sostuvo.
Reiteró que Estados Unidos debe deshacerse de la lotería, la política de capturar y liberar (inmigrantes sin papeles) e ir finalmente a un sistema basado en el mérito.
Necesitamos grandes personas que entren a nuestro país, insistió Trump, quien reiteradas veces ha expuesto estos propósitos.
Hasta la víspera, 711 menores indocumentados permanecían separados en Estados Unidos cuando ya pasó el plazo dado para su reunificación por un juez federal, que culpó al Gobierno por la deportación de cientos de padres.
Dana Sabraw, magistrado de distrito en San Diego, California, manifestó el viernes que la administración merece gran crédito por devolver al lado de sus progenitores o patrocinadores a más de mil 800 niños, de cinco a 17 años, para la fecha límite que se cumplió el 26 de julio.
Esa cifra comprende a mil 442 chicos que fueron devueltos a sus padres mientras estos aún se encontraban bajo la custodia del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas, y otros 378 liberados en diferentes circunstancias.
Sin embargo, Sabraw advirtió que se debe establecer un mejor sistema porque muchas familias aún no se han reunido, y a su juicio el Ejecutivo tiene la culpa de perder varios cientos de adultos en el proceso.
De los 711 menores mencionados, 431 corresponden a padres deportados a sus países de origen tras ser víctimas de la llamada «tolerancia cero» hacia inmigrantes sin documentos.
Aplicada desde mayo último pese al rechazo a nivel nacional y foráneo, esa política establece que cualquier detenido al cruzar ilegalmente la línea divisoria con México será acusado de cargos criminales.