París (PL) El escándalo Benalla, la mayor crisis del presidente Emmanuel Macron en Francia, lanzó al debate público una intensa polémica sobre el modo de funcionar de su gobierno: ¿el mandatario y sus colaboradores están por encima de la ley?
Así lo cuestionaron políticos, analistas y periodistas tras la revelación del rotativo Le Monde a finales de julio último, acerca de los sucesos del 1 de mayo, durante las manifestaciones ocurridas en esta capital.
Alexandre Benalla, cercano colaborador de Macron que fue su jefe de seguridad durante la campaña electoral y luego entró al equipo de trabajo en el Palacio del Elíseo, obtuvo autorización para asistir como observador a las demostraciones y lo hizo vistiendo atuendo de policía, con un casco y un brazalete identificador.
Los videos publicados por Le Monde mostraron al individuo mientras agredía a manifestantes, unas imágenes que impactaron por el nivel de violencia exhibido por una persona cercana al presidente.
Pocas horas después, el Elíseo se vio obligado a reconocer los hechos y a rendir cuentas acerca de las medidas tomadas contra Benalla, que se limitaron a solo 15 días de suspensión del trabajo.
El pronunciamiento de la casa presidencial fue la gota que colmó el vaso y de inmediato se multiplicaron los cuestionamientos ante una sanción considerada mínima y desproporcionada, teniendo en cuenta la gravedad de los hechos.
En los medios de comunicación proliferaron las críticas: durante dos meses el asunto se manejó en completo secreto, el Elíseo decidió una sanción casi risible con la total anuencia de Macron, no se llevó el caso ante la justicia, como debió ocurrir a la luz de la naturaleza ilegal de lo sucedido, entre otras cuestiones.
En resumen, ¿hay impunidad legal para los cercanos o «protegidos» del presidente?, demandaron muchos.
En medio de la presión política y mediática, la sede de la presidencia no tuvo otra opción que comenzar el proceso de despido de Benalla.
Al mismo tiempo, la justicia abrió una investigación y el joven de solo 26 años fue inculpado formalmente por cargos de «violencia en reunión por persona encargada de una misión de servicio público», «usurpación de la función policial» y «uso ilegal de una insignia reservada a la autoridad pública».
De su lado, la Asamblea Nacional y el Senado detuvieron sus respectivos programas de trabajo y abrieron comisiones de investigación en las cuales comparecieron durante varios días altos funcionarios del gobierno como el primer ministro, Edouard Philippe, y el ministro de Interior, Gerard Collomb.
El jefe de Estado se mantuvo en silencio varios días y cuando finalmente se pronunció, aseveró sentirse traicionado y al mismo tiempo intentó restar importancia al asunto.
«Creo que se ha hecho una tormenta en un vaso de agua», sostuvo ante la prensa, y acusó a los medios de comunicación de haber «dicho muchas tonterías».
Asimismo, el mandatario señaló que el escándalo no detendría la dinámica de transformación del país, y abogó por concentrar la atención en las reformas gubernamentales.
MOCIONES DE CENSURA: HECHO INÉDITO
El llamado de Macron a dejar de lado el tema no tuvo al parecer el efecto deseado, y los partidos de oposición no lucen dispuestos a olvidar el caso.
Así quedó demostrado cuando en la Asamblea Nacional ocurrió un hecho inédito: la presentación de dos mociones de censura por parte de diversos grupos, ocasión en la cual se denunció el «autoritarismo» del jefe de Estado.
Gracias a que el movimiento gubernamental La República En Marcha disfruta de una amplia mayoría en el hemiciclo, las autoridades lograron salir airosas del trance.
En las votaciones, las dos mociones estuvieron lejos de alcanzar los 289 apoyos necesarios para prosperar: con 143 respaldos quedó la del partido derechista Los Republicanos (LR), y con 74 la presentada por una alianza de izquierda entre socialistas, comunistas y el movimiento Francia Insumisa.
Si bien el Ejecutivo consiguió superar la prueba, en la jornada se sucedieron numerosos discursos con fuertes cuestionamientos a las autoridades por la gestión del caso Benalla.
Políticos como el líder izquierdista Jean-Luc Melenchon denunciaron el suceso como una muestra del autoritarismo ejercido por el presidente.
«Este caso no muestra una disfunción, sino el modo habitual de funcionar. Es el presidencialismo que enloquece», lamentó.
De su lado, el diputado comunista André Chassaigne, presidente del grupo parlamentario de la izquierda democrática y republicana, deploró que «en lugar de sancionar a su colaborador, Macron lo protegió. La realidad es que este escándalo evidencia los consejeros ocultos, los privilegios, los favoritismos».
Todo ello, agregó, «alimenta la desconfianza de los franceses en sus dirigentes. La imagen de Francia se empaña a nivel internacional».
Desde la derecha, el líder del grupo de LR, Christian Jacob, afirmó «se trata de un escándalo de Estado que compromete la responsabilidad del jefe del Gobierno y del presidente de la República».
A punto de entrar en el receso de verano, los diputados de la oposición avisaron que en septiembre se retomará el tema y el plan es entrevistar al propio Benalla, como parte de la comisión de investigación instituida ante un suceso considerado grave.