Washington, 30 ago (PL) El Departamento norteamericano de Estado dijo que procedió en general de forma correcta ante los incidentes de salud reportados por diplomáticos en Cuba, aunque hubo vacantes en el personal de seguridad y desafíos de comunicación.
En una hoja informativa difundida este jueves, la agencia federal apuntó que el 12 de enero pasado su exsecretario Rex Tillerson convocó una Junta de Revisión de Responsabilidad (ARB) para examinar la respuesta del Departamento, incluida la adecuación de la seguridad y otros procedimientos relacionados.
La ARB presentó un informe de sus hallazgos y recomendaciones el 7 de junio al actual titular del organismo, Mike Pompeo, y el secretario presentó un reporte al Congreso este 30 de agosto en el que se resumen las recomendaciones y medidas adoptadas.
Según el material, la ARB no encontró ningún empleado del Gobierno estadounidense «involucrado en mala conducta» de una manera que contribuyera a estos incidentes de salud, que llegan a ser calificados nuevamente de «ataques» en el documento de hoy, pese a desconocerse hasta ahora sus causas o responsables.
Entre los hallazgos de la junta estuvo que ante la falta de un funcionario de alto nivel, hubo una comunicación insuficiente con los empleados y una coordinación obstruida dentro del Departamento y con otras agencias; y el grupo recomendó mejorar la información interinstitucional.
Asimismo, «la ARB descubrió que la Oficina de Servicios Médicos del Departamento brindó una respuesta competente y profesional a una situación sin precedentes, pero carecían de recursos suficientes para respaldar la atención a largo plazo».
Entre las 30 recomendaciones realizadas, de las cuales el Departamento de Estado asegura que ya implementó la mitad, la estructura sugirió a la agencia federal involucrar a los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades con el fin de llevar a cabo un estudio médico y epidemiológico exhaustivo.
También señaló la ARB que partes individuales de la Oficina de Seguridad Diplomática respondieron a los informes de incidentes en Cuba en función de sus respectivas áreas de especialización, pero que la respuesta general se habría beneficiado con la formación de un grupo de trabajo multidisciplinario.
Los problemas de salud reportados por funcionarios norteamericanos se usaron como argumento para que en septiembre pasado la agencia federal retirara a la mayor parte de su personal de la embajada en La Habana, suspendiera la emisión de visas, y poco después expulsara a 17 diplomáticos cubanos de Washington DC.
Tanto el Gobierno del país caribeño como sectores norteamericanos han criticado esas medidas por considerarlas una politización del tema y un intento de revertir el proceso de acercamiento iniciado entre ambas naciones a finales de 2014.