Canberra, 31 ago (PL) La Iglesia católica de Australia rechazó la recomendación de la Comisión Nacional de Investigación sobre abusos sexuales a menores de obligar a los sacerdotes a revelar informaciones sobre estos crímenes obtenidas en las confesiones.
«Los arzobispos y líderes religiosos han aceptado o apoyado el 98 por ciento de las indicaciones de la comisión hy única que no aceptamos es que se refiere al secreto de confesión», según un informe del grupo Religiosos Católicos Australianos, citado por el periódico Newcastle Herald.
En diciembre pasado el ente gubernamental sugirió que los clérigos fueran procesados por no denunciar pruebas de pederastia que recibieran en el confesionario.
El presidente de la Conferencia Australiana de Obispos Católicos, arzobispo Mark Coleridge, alegó que la violación de esa práctica no significaría una mayor seguridad para los niños.
Los sacerdotes y los fieles laicos de la nación oceánica están profundamente comprometidos tanto con la seguridad de los niños como con la inviolabilidad del secreto de confesión, dijo Coleridge a la prensa.
Las autoridades incrementaron la presión sobre la Iglesia católica del país, tras ser sacudida en los últimos tiempos por una serie de acusaciones de haber ignorado y encubierto violaciones a menores.
Incluso aprobaron leyes que permitan procesar a los curas que sostienen que no pueden revelar las confesiones de pederastia.
La comisión que investiga los casos de pedofilia dentro de esa institución también propuso enmendar la ley canónica para se trate el abuso sexual contra menores como un crimen y no como «fallas morales o una violación a las obligaciones especiales de los clérigos o religiosos célibes».
Recientemente el exarzobispo de Adelaide Philip Wilson, uno de los de mayor rango en la jerarquía católica mundial en ser condenado por este tipo de actos, fue sentenciado a 12 meses de prisión domiciliaria por encubrimiento del abuso sexual de menores.
Desde que comenzaron las investigaciones sobre la Iglesia católica, con fuerte arraigo en el país, las autoridades recibieron quejas de más de cuatro mil personas por presuntos abusos a niños cometidos por mil 800 de sus miembros, entre 1970 y 2015.