La sombra de la petrolera Chevron regresa a Ecuador

Por Sinay Céspedes Moreno

Quito, 8 sep (PL) La sombra de Chevron regresa hoy a Ecuador, donde crece la consternación ante un fallo de la Corte de La Haya favorable a la petrolera estadounidense, responsable de daños severos a la Amazonía.
La decisión de la instancia, condenada por defensores de los pueblos amazónicos y representantes del gobierno del expresidente Rafael Correa, impulsor de la demanda contra la transnacional por la contaminación generada en la zona, anula una sanción por nueve mil 500 millones de dólares impuesta a la compañía por perjuicios ambientales.
Según informó el procurador general, Iñigo Salvador, la Corte también determinó imponer a Quito el pago de una suma de dinero, aún por determinar, por presunta violación del Tratado Bilateral de Inversión existente con el territorio norteño.
“Con este fallo, el estado ecuatoriano como demandado está expuesto al pago de cantidades aún indeterminadas, pero que ya se pueden prever cuantiosas sumas de dinero causando graves daños al estado”.
Aunque ambas partes cuentan con un término de 90 días para presentar sus respectivas apelaciones, el funcionario alertó que la administración nacional acudirá al derecho de repetición, contenido en la Carta Magna, en contra funcionarios del anterior ejecutivo.
Para la directiva actual, sus antecesores no cuidaron de manera adecuada de los intereses nacionales e incurrieron en mal manejo de recursos financieros para desarrollar la campaña comunicacional “La Mano Sucia de Chevron”, en la cual participaron personalidades internacionales.
Además de las críticas al dictamen de la Corte Arbitral, el rechazo a la postura del gabinete del presidente Lenín Moreno no se ha hecho esperar, y una vez más las redes sociales se convierten en el bastión de lucha de quienes consideran la decisión como un ataque y hasta traición a la patria.
Incluso, para algunos, el distanciamiento y las diferencias políticas vigentes entre representantes del anterior y actual ejecutivo se han impuesto sobre la realidad de las afectaciones ocasionadas por la petrolera al medioambiente del llamado Pulmón Verde del Planeta.
“No podemos permitir que el odio político opaque una realidad que es la contaminación de nuestra amazonia por parte de Chevron. Hay causas nacionales que están por encima de las diferencias políticas”, afirmó al respecto la vicepresidenta de la Asamblea Nacional, Viviana Bonilla.
De su lado, el ministro de Educación, Fander Falconí, dijo: los graves daños de Chevron en contra de nuestra población y ecosistemas son evidentes. Mi tesis doctoral (2001) documenta los daños sociales y ambientales. Debemos condenar el laudo arbitral y a los responsables, su contenido atenta contra los derechos de los habitantes Amazonía
Por su parte Pablo Fajardo, abogado defensor de los amazónicos en el caso contra Chevron por años, aseveró: “Tiene que Chevron pagar por su crimen, no tiene por qué el Estado ecuatoriano pagar por el crimen de una empresa privada y particular”, y al mismo tiempo, manifestó preocupación por la posición adoptada por la administración nacional.
Más contundente aún fue el exdignatario Rafael Correa, quien llegó a acusar al gobierno de Lenín Moreno de un posible pacto con Chevron, como, según aseguró, se hizo con la constructora brasileña Odebrecht, que pagó coimas a cambio de adjudicación de obras y no recibió ninguna condena.
“Es evidente que Chevron es culpable, y que destruyó nuestra selva. Solo un orden mundial inmoral, y un Gobierno traidor, pueden dejarla en la impunidad”, alertó Correa en su cuenta en la red social Twitter.
Más allá de la polémica, las marcas de los daños aún son visibles y evidencian como miles de personas se afectaron por el accionar de la compañía Texaco, asumida por Chevron, que entre 1964 y 1992 derramó más de 19 millones de galones de residuos tóxicos y 17 millones de galones de crudo sobre una enorme extensión de terrenos.
La decisión arbitral implica también un nuevo obstáculo en la lucha de los pueblos amazónicos, que después de años de intento, calificaron de histórico un fallo de la Corte Constitucional, que desechó un recurso extraordinario de protección interpuesto en 2014 por la petrolera estadounidense.

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