Washington, 20 nov (PL) El Departamento estadounidense de Justicia aseguró hoy que seguirá defendiendo el decreto del presidente Donald Trump contra la posibilidad de obtener asilo a quienes entren ilegalmente al país, después de su bloqueo temporal por un juez.
De acuerdo con un comunicado de esa entidad, resulta absurda la decisión sobre el caso que tomó la víspera el magistrado John Tigar, de San Francisco, California.
Pretendemos continuar defendiendo la práctica legítima y lógica del Ejecutivo para abordar la crisis en nuestra frontera sur, apuntó el texto.
Tigar puso freno de manera temporal a la disposición del mandatario del pasado 8 de noviembre que pretendía rechazar las solicitudes de asilo presentadas por personas que cruzan sin documentos la línea divisoria con México.
Trump justificó esa medida con su propósito de evitar la entrada de miembros de caravanas de migrantes centroamericanos que se dirigen a Estados Unidos, a los cuales ha rechazado constantemente.
De acuerdo con la orden del gobernante republicano, solo quienes ingresen a territorio norteamericano por pasos fronterizos oficiales pueden pedir el mencionado permiso.
La determinación de Tigar se produjo tras una demanda interpuesta por organizaciones de defensa de los derechos de los migrantes.
Por su parte, la Unión Estadounidense de Libertades Civiles (ACLU, por siglas en inglés) sostuvo que las regulaciones legales estipulan que se debe garantizar el asilo a cualquiera que entre en Estados Unidos, independientemente de si lo hace legal o no.
Así, el juez indicó que la Ley de Inmigración y Nacionalidad de 1965 establece que cualquier extranjero que llegue a este país, sea o no a través de un puerto de ingreso, puede pedir asilo.
El decreto que prohíbe dar asilo a los inmigrantes que entren a Estados Unidos eludiendo un puerto de ingreso está en irreconciliable conflicto con la ley y la expresa intención del Congreso, apuntó en el fallo, que estará vigente hasta una nueva decisión en la corte, prevista para el próximo 19 de diciembre.
A juicio de Katie Waldman, vocera del Departamento de Seguridad Nacional, resulta apropiado y legal que la ayuda discrecional (el asilo) no sea concedida a quienes violan una proclamación ejecutiva que busca controlar la inmigración con base en el interés del país.
En tanto, Lee Gelernt, abogado de la ACLU, recalcó en un comunicado que el veto es ilegal, pondrá la vida de la gente en peligro, y enciende la alarma sobre el desprecio de Trump por la separación de poderes.