Washington, 20 nov (PL) Las políticas del Gobierno estadounidense sobre inmigración exhiben hoy un nuevo fracaso con la decisión de un juez federal de bloquear el decreto ejecutivo contra la posibilidad de obtener asilo a quienes entren ilegalmente al país.
El magistrado John Tigar, de San Francisco, California, puso freno de manera temporal a la disposición del presidente Donald Trump del pasado 8 de noviembre que pretendía rechazar las solicitudes de asilo presentadas por personas que cruzaron sin documentos la frontera con México.
Trump justificó esa medida con su propósito de evitar la entrada de miembros de caravanas de migrantes centroamericanos que se dirigen a Estados Unidos, a los cuales rechaza constantemente.
De acuerdo con la orden del mandatario, solo quienes ingresen a territorio norteamericano por pasos fronterizos oficiales pueden pedir el mencionado permiso.
Tigar se pronunció tras una demanda interpuesta por organizaciones de defensa de los derechos de los migrantes.
Por su parte, la Unión Estadounidense de Libertades Civiles aseveró que la ley estipula que se debe garantizar el asilo a cualquiera que entre en Estados Unidos, independientemente de si lo hace legal o no.
Así, el juez indicó que la Ley de Inmigración y Nacionalidad de 1965 establece que cualquier extranjero que llegue a Estados Unidos, sea o no a través de un puerto de ingreso, puede pedir asilo.
El decreto que prohíbe dar asilo a los inmigrantes que ingresen al país eludiendo un puerto de ingreso está en irreconciliable conflicto con la ley y la expresa intención del Congreso, apuntó en el fallo, que estará vigente hasta una nueva decisión en la corte.
La administración de Trump argumentó reiteradas veces que tiene el poder exclusivo de frenar la inmigración en aras de garantizar la seguridad nacional.