Inmigración, una historia sin fin en Estados Unidos

(Prensa Latina) Las polémicas en Estados Unidos sobre el tema migratorio parecen una historia sin fin, algo que nunca se acaba y que soluciones tipo «curitas» promovidas desde el gobierno y el Congreso solo logran incrementar.

Hace 33 años, en 1986, el presidente Ronald Reagan rubricó la mayor y más exhaustiva reforma migratoria en el país, la cual  tuvo profundas consecuencias sociales, económicas y demográficas que cambiaron el panorama estadounidense, según análisis.

Entonces, cerca de tres millones de trabajadores indocumentados, en su gran mayoría mexicanos y centroamericanos, legalizaron su permanencia en la nación norteña y eventualmente se convirtieron en ciudadanos estadounidenses gracias al Acta de Reforma y Control de Inmigración (IRCA), una ley que fue resultado de un extraordinario compromiso bipartidista en el Congreso, muy difícil de conseguir en el contexto político actual.

IRCA establecía un sistema de verificación de estatus migratorio en el proceso de contratación de trabajadores, tanto en el sector público como en el privado, y severas sanciones para los empleadores que contrataran indocumentados.

El plan aprobado buscaba asegurarse que ningún inmigrante sin papeles pudiera obtener un empleo y de esa forma detener la inmigración ilegal.

Y fracasó pues empleadores continuaron la contratación de indocumentados y el Servicio de Inmigración y Naturalización (INS) no contó con los recursos suficientes como para vigilar  y hacer cumplir la ley.

Esto motivó que el número de inmigrantes sin papeles creciera en forma sostenida y su cifra en la actualidad supera los 12 millones de personas, aunque algunos afirman que puede duplicar esa cantidad.

En la mente de muchos estadounidenses se abrió paso la idea de la necesidad de una reforma migratoria integral que sin dejar de incluir medidas represivas y de seguridad, tuviera también un enfoque humanitario.

Ni los republicanos bajo el gobierno de George W. Bush, ni los demócratas bajo las administraciones de William Clinton o Barack Obama lograron llevar a término una acción que diera solución al problema.

Hay una evidente polarización de fuerzas que con las políticas represivas y extremas acentuadas con la actual administración del presidente Donald Trump, dificultan cada vez más que Estados Unidos consiga alinear fuerzas para conseguir el objetivo de la reforma integral de las leyes migratorias.

El tema de reforma migratoria siempre fue una bandera del partido demócrata, que en 1986 tenía el control de la Cámara de Representantes, en tanto los republicanos contaban con una exigua mayoría en el Senado.

Cuando Obama llegó a la Casa Blanca tenía el apoyo de los latinos y los demócratas controlaban ambas Cámaras del legislativo pero se impuso su Ley de Salud u Obamacare sobre el tema migratorio.

Después ya es conocida la historia cuando los azules perdieron la Cámara de Representantes y las posibilidades de avanzar, pese a que en algún momento un grupo prominente de senadores presentó una reforma que con sus carencias complacía a la mayoría de los sectores.

En junio de 2013 el Senado aprobó una histórica reforma migratoria que ofrecería la naturalización a 11 millones de personas que actualmente viven en Estados Unidos de manera ilegal y destinaría al menos 30 mil millones a la seguridad fronteriza.

Esa iniciativa aunque fue aprobada por 68 votos a favor y 32 en contra, y superó cómodamente la mayoría simple de los 51 requeridos, no avanzó en la Cámara de Representantes dominada por los republicanos.

Faltó alguien como Reagan que consiguiera el respaldo de muchos republicanos reticentes a votar por lo que consideraban una amnistía migratoria.

La aparición del ultraconservador Tea Party, las nuevas tendencias demográficas y electorales, y el aparente fracaso de IRCA por controlar la inmigración ilegal inclinó a los republicanos hacia una posición más radical, nacionalista y antiinmigrante, que alcanza ahora su máximo esplendor con Trump.

El actual gobernante impulsa el miedo hacia los inmigrantes, algo que usó en algún momento su colega Bush para manipular el voto de los latinos después de los atentados del 11 de septiembre de 2001.

Aunque necesario para la economía estadounidense, Trump azuza el temor, personifica al inmigrante como un «diablo» que puede destruir al país. Entre terrorismo, drogas y un sin números de calificativos, el mandatario crea una imagen errónea de los que tratan de llegar.

Por otra parte, la población y el voto latino y de otras minorías seguirán aumentando en las próximas décadas y serán cada vez más indispensable para cualquier candidato que quiera llegar a la Casa Blanca.

Ahora Trump tiene respaldo de nacionalistas blancos pero en algún momento el voto rural, donde está su base de apoyo, pudiera serle esquivo si la crisis de mano de obra inmigrante se acentúa a causa de sus políticas.

Cifras recopiladas por el Pew Research Center y publicadas en el libro The Next America señalan que la población del país era 85 por ciento blanca en 1960 y proyectan que cien años más tarde, para el 2060, ese porcentaje se reducirá al 43 por ciento, época en la que según analistas llegará un latino a la Casa Blanca.

Las ideas del actual mandatario van dirigidas en lo esencial a frenar esa tendencia. Ya sea construyendo su controvertido muro en la frontera con México, cerrando la frontera sur o usando el poder presidencial para revertir acciones de protección de los inmigrantes.

Recientemente, el comisionado de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP), Kevin McAleenan, manifestó que el sistema de inmigración del país se encuentra en un momento límite ante el creciente número de cruces ilegales en la frontera con México.

Durante una comparecencia en El Paso, Texas, el funcionario estimó que la CBP está en camino de encontrar y detener a más de 100 mil migrantes en marzo, el 90 por ciento de ellos por cruces fronterizos ilegales, una cifra que sería la más alta registrada durante un mes desde 2008.

Como respuesta a la inacción del legislativo en ese tema, el mandatario declaró en febrero la existencia de una emergencia nacional en esa área con el fin de redirigir millones de dólares del Departamento de Defensa a edificar la obra.

Pero el problema crece por día, próximamente miles de inmigrantes bajo el amparo migratorio DED o Salida Forzada Diferida verán como su estatus migratorio termina entrando a la filas de indocumentados a la espera de la deportación.

Trump anunció en marzo de 2018 que se revocaría su estatus a miles de liberianos que vivían y trabajaban legalmente en Estados Unidos durante más de dos décadas, lo cual los dejaría sin protección de la deportación.

Desde que asumió el cargo, Trump terminó sistemáticamente con programas similares que protegen temporalmente a grupos selectos de inmigrantes indocumentados de la deportación.

Por ejemplo, puso fin al programa de Acción Diferida para los Llegados en la Infancia (DACA), que protegía de la deportación a más de 800 mil inmigrantes indocumentados traídos al país cuando niños, así como el programa de Estatus de protección Temporal (TPS), que hacía lo mismo con más de 300 mil personas de 10 países afectados por la violencia y los desastres naturales.

Actualmente los inmigrantes liberianos son parte del proyecto de Ley de Sueño y Promesa Americana introducido por los demócratas de la Cámara de Representantes, que extendería las protecciones para las personas en los tres programas: DACA, TPS y DED.

El estatus legal de los «soñadores» está sobre la mesa del debate nacional desde que el presidente Trump ordenase terminar con el programa DACA, promulgado por su antecesor en el cargo, Barack Obama (2009-2017).

Trump, sin embargo, favorecería protección a estos jóvenes indocumentados siempre que el Congreso respalde más fondos para la construcción del muro en la frontera con México, punto que los demócratas rechazan ampliamente.

Ahora, cuando republicanos y demócratas se reparten Senado y Cámara de Representantes, algunos pudieran retomar viejas ideas y unir fuerzas para mover la necesidad de una reforma migratoria integral que no descuide la seguridad y tenga un complemento humanitario en un país formado por inmigrantes y colonizadores.