A unos días de que entre en vigor la reforma que tipifica como crimen organizado la compra-venta de facturas falsas, siete empresas acudieron a la Procuraduría Fiscal de la Federación a regularizar su situación por haber comprado este tipo de documentos, informa su titular, Carlos Romero de Anda.
Los pagos hechos por estos corporativos representan dos mil millones de pesos, con lo que esperan acceder a un acuerdo reparatorio para no enfrentar cargos penales.
“Pero eso no quita el delito, por esa razón acudieron a la Procuraduría Fiscal para con el pago respectivo buscar la reparación del daño precisamente y que hubiera un acuerdo reparatorio mismo que será llevado a cabo ante la Fiscalía General de la República”.
Las sanciones penales por la compra -venta de facturas falsas entrará en vigor en 1 de enero. Según datos del SAT, en los últimos cinco años se han emitido nueve millones de documentos apócrifos para justificar operaciones simuladas, con una evasión de 354 mil millones.