Corte Internacional investiga demanda de Venezuela contra EE.UU.

Caracas, 7 mar (Prensa Latina) El canciller de Venezuela, Jorge Arreaza, anunció hoy que la Corte Penal Internacional (CPI) inició el proceso para investigar la demanda presentada por esta nación contra Estados Unidos por crímenes de lesa humanidad.


En su cuenta en la red social Twitter el jefe de la Diplomacia venezolana publicó la decisión judicial de La Haya asignando el conocimiento de la Remisión o denuncia presentada por la República Bolivariana de Venezuela (referida por la Fiscal de la Corte) a la Cámara Tercera de Cuestiones Preliminares.


Esa acción implica que el ente internacional asignó el caso a esa instancia para investigar los argumentos presentados por la nación suramericana en la demanda.


En tanto, el Estado bolivariano prepara nuevas pruebas para presentar en el ente jurídico internacional y convoca a una campaña de denuncia sobre las consecuencias de las medidas coercitivas y unilaterales impuestas por la Casa Blanca desde 2014.


Esas disposiciones impiden adquirir medicinas y alimentos, y han causado un perjuicio financiero de 116 mil millones de dólares, según estimaciones oficiales.


El pasado 13 de febrero el canciller Arreaza acudió a esa corte, encargada de juzgar a las personas acusadas de cometer crímenes de genocidio, de guerra, agresión y de lesa humanidad, para demandar a Washington.


En su intervención apeló a la aplicación del Artículo 7 del Estatuto de Roma, instrumento constitutivo adoptado el 17 de julio de 1998, el cual clasifica como crimen de lesa humanidad el ataque generalizado o sistemático contra una población civil.


Venezuela es uno de los países firmantes del Estatuto razón por la cual ejerce en este caso su derecho como Estado miembro, con la intención que la Fiscalía investigue algunos de los delitos tipificados en el documento y determine si se debe acusar por tales crímenes a una o varias personas.


Los argumentos presentados por la nación suramericana destacan que las medidas coartan los derechos humanos del pueblo venezolano, afectan la economía del país e impiden la importación de alimentos y medicamentos.