Refrenda Corte Suprema de EE.UU. políticas migratorias de Trump

Washington, 11 mar (Prensa Latina) La Corte Suprema de Estados Unidos autorizó hoy al presidente Donald Trump a implementar por ahora el programa Permanezcan en México, por medio del cual los solicitantes de asilo deben esperar en el vecino país antes de obtener una audiencia.


Todos los jueces de la Corte Suprema, excepto la jueza Sonia Sotomayor, votaron a favor de anular una orden de un tribunal inferior que bloqueó la política, al menos para quienes llegan a los cruces fronterizos de Arizona y California.


La acción fue adoptada un día antes que la orden de la instancia inferior entrara en vigor.


Por lo tanto, la política conocida como Permanecer en México seguirá en vigor mientras la demanda que la impugna se desarrolla en los tribunales, probablemente al menos hasta el final del actual mandato de Trump, en enero.


El siguiente paso sería presentar una apelación formal ante la Corte Suprema, pero es posible que los jueces ni siquiera consideren ese procedimiento hasta el otoño y, si el caso recibe una revisión completa, los argumentos no resolverán hasta principios de 2021.


Tal acción es la más reciente de una serie de discusiones en las que los jueces se ponen del lado del gobierno de Trump para impedir el fin de sus políticas migratorias.


Otros casos incluyen la prohibición de ingreso a visitantes de algunos países -en gran parte musulmanes-, la construcción del muro fronterizo con México y la “prueba de solvencia” de parte de las personas que buscan la tarjeta de residencia permanente para inmigrantes, conocidas como “green cards”.


La Corte Federal de Apelaciones del Noveno Circuito, con sede en San Francisco, falló que la normativa, conocida oficialmente en español como “Protocolos de Protección al Migrante”, probablemente es ilegal, según la ley de Estados Unidos.


Ello se basa en que no previene el envío de los solicitantes a países donde sus vidas o su libertad se verían amenazadas a causa de su raza, religión, nacionalidad, creencias políticas o pertenencia a un grupo social particular.
Alrededor de 60 mil solicitantes de asilo fueron devueltos a México para esperar allí la resolución de sus casos en tribunales de inmigración abarrotados.


La política se introdujo en enero de 2019 en San Diego y luego se expandió a otros puntos de la frontera con México.


“Los solicitantes de asilo se enfrentan a peligros graves y daños irreversibles cada día que esta política depravada sigue vigente”, dijo Judy Rabinovitz, abogada de la Unión Americana de Libertades Civiles.

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