El Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) compró a sobreprecio dos mil 500 ventiladores respiratorios que requerirán los enfermos graves de COVID-19, denunció el Partido Acción Nacional (PAN).
De acuerdo con los documentos aportados por el partido político, el contrato, con la empresa Levanting Global Servicios LLC, asciende a 80 mil 725 millones de dólares más el Impuesto al Valor Agregado por los dos mil 500 ventiladores y fue firmado el 31 de marzo y se extenderá al 31 de diciembre.
Según el PAN, la empresa china Stefano International Commerce Co. LTD vendió los aparatos médicos a 32 millones de dólares, mientras que el intermediario Levanting Global Servicios LLC, cuyo representante es Valdemar Pérez Ríos, vendió al IMSS en 80 mil 725 millones de pesos, lo que generó el sobreprecio.
“Según el acuerdo firmado entre la empresa Stefano International Commerce Co. LTD, con sede en Shanghai, China, y el presidente de Levanting Global Servicios LLC S. A., Valdemar Pérez Ríos, con fecha 30 de marzo, el precio pactado por dos mil 500 ventiladores es de 32 millones de dólares”, señaló.
“De esta forma, con el precio establecido en el contrato, el IMSS podría comprar seis mil 305 ventiladores, es decir, tres mil 804 más”, acusó.
De acuerdo con la documentación, la compra también se realizó por la vía de la adjudicación directa ante la emergencia sanitaria, y entre los documentos sólo se observa la cotización realizada a la empresa china.
El PAN reportó que Levanting Global Servicios LLC fue constituida en 2012, cuyo objeto social es la ejecución de proyectos de ingeniería en exploración, producción y refinación de petróleo, petroquímica, en la industria de generación de electricidad, teniendo a clientes como la Comisión Federal de Electricidad, Petróleos Mexicanos y la Secretaría de Marina-Armada de México.
La apoderada legal es María Antonieta Valdovinos Lara y la empresa se ubica en Ciudad Satélite, en el municipio mexiquense de Naucalpan de Juárez.
El presidente del PAN, Marko Cortés Mendoza, interpondrá una denuncia ante la Secretaría de la Función Pública y la Fiscalía General de la República por presuntas irregularidades en la contratación de la empresa.
“La emergencia derivada de la pandemia del COVID-19 no puede ser pretexto para el mal uso de los recursos públicos. Comprendemos la premura de conseguir los ventiladores, pero al mismo tiempo exigimos el cumplimiento de las leyes”, demandó.