Caracas, 8 may (Prensa Latina) El fiscal general de Venezuela, Tareck William Saab, informó hoy sobre la presentación de cargos a 31 individuos implicados en la fallida incursión terrorista del 3 de mayo último, con el objetivo de perpetrar magnicidio y golpe de Estado.
En rueda de prensa desde el Ministerio Público, el titular precisó que entre los imputados se encuentran mercenarios adiestrados en Colombia y sujetos encargados de brindar apoyo logístico en territorio venezolano a los comandos paramilitares.
Saab identificó a la totalidad de las personas aprehendidas por los cuerpos de seguridad entre los días 3 y 6 de mayo, incluidos los ciudadanos norteamericanos Luke Denman y Airan Berry, mercenarios al servicio de la empresa Silvercorp.
Señaló que a los dos detenidos de nacionalidad estadounidense serán presentados a los tribunales por los delitos de terrorismo, conspiración, tráfico ilícito de armas de guerra y asociación, en perjuicio del Estado venezolano.
A los venezolanos aprehendidos por su participación en la agresión terrorista se les imputará por conspiración con gobierno extranjero, terrorismo, traición a la patria, rebelión, tráfico ilícito de armas de guerra, financiamiento al terrorismo y asociación, indicó.
El fiscal general informó que como parte de las investigaciones, las autoridades han realizado allanamientos en varios estados del país como Miranda, La Guaira y Anzoátegui y el Distrito Capital.
Asimismo, señaló que el Ministerio Público solicitará 22 nuevas órdenes de aprehensión, incluidas las dirigidas contra Juan José Rendón, Sergio Vergara y el estadounidense Jordan Goudreau, por su implicación en el diseño, financiamiento y ejecución de esta acción bélica contra el territorio, las autoridades y el pueblo de Venezuela.
Saab agregó que, al encontrarse fuera del país, el Estado venezolano solicitará la inclusión de estas tres personas con alerta roja en el sistema de Interpol, así como su extradición a la nación sudamericana.
El titular exigió además al secretario general de la ONU, Antonio Guterres, a la Presidencia del Consejo de Seguridad y a la alta comisionada para los Derechos Humanos que se pronuncien contra esta violación del derecho internacional realizada bajo el auspicio de los gobiernos de Colombia y Estados Unidos.