Bogotá, 18 jul (Prensa Latina) Desplazamiento forzado de excombatientes, asesinatos, llamados a implementar los acuerdos de paz, marchas e incertidumbre ante el incremento exponencial de casos de Covid-19, sellaron esta semana en Colombia.
Un informe del Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz (Indepaz) divulgado el miércoles, detalla que 166 líderes sociales, defensores de los derechos humanos y 36 firmantes de la Paz fueron asesinados solo de enero a la fecha en el país.
El documento amplía que desde la posesión del presidente, Iván Duque, el 7 de agosto de 2018, hasta el martes de esta semana, 573 líderes sociales y defensores de derechos humanos murieron asesinados en esta nación suramericana y el 13,96 por ciento fueron mujeres.
También en la semana que termina, 94 excombatientes tuvieron que abandonar su Espacio Territorial de Capacitación y Reincorporación, en Ituango, a causa del paramilitarismo en Colombia.
La senadora Victoria Sandino del partido Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común precisó que fueron desterrados, además, por la falta de seriedad para el cumplimentación del Acuerdo Final de paz por parte del gobierno de Iván Duque.
Blu Radio en un editorial refierió que mientras la canciller, Claudia Blum, aseguraba ante el Consejo de Seguridad de la ONU que el gobierno colombiano está comprometido con el proceso de paz, en Ituango, (norte del departamento de Antioquia) ocurría el mayor desplazamiento forzoso de ex combatientes.
Tal desplazamiento, aseguró, no era por falta de compromiso de los excombatientes de las extintas Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia-Ejército del Pueblo, sino más bien porque el Gobierno nacional es incapaz de cuidar la vida de quienes dejaron las armas, añadió.
En este escenario, ayer el país registraba cifras récord de contagios y muertes por la pandemia de la Covid-19: en las últimas 24 horas, 259 personas murieron por la enfermedad por lo que suman en total seis mil 288 los decesos, mientras los nuevos contagios fueron ocho mil 934 para un total de 182 mil 140 casos.
Alrededor de esta situación epidemilógica, proliferaron las denuncias contra el gobierno de Duque por el mal manejo de la pandemia, la carencia de un plan de contención y las acciones para reactivar la economía aun cuando el pico aún no parece avizorarse.
Sobresalieron las críticas por la falta de unidades de cuidados intensivos para pacientes graves; carencia de un sistema de salud preventivo; insuficientes pruebas de laboratorio y desatención a los sectores más vulnerables como los pueblos originarios.
De acuerdo con la Organización Nacional Indígena de Colombia, dos mil 500 personas de los pueblos ancestrales de Colombia fueron diagnosticadas positivas a la enfermedad, 90 fallecieron, mil 330 superaron la enfermedad y 54 pueblos indígenas están afectados.