La principal directriz de la nueva estrategia que prepara el Gobierno de México para el hábitat de la vaquita marina es la inspección y vigilancia, mano dura de la Secretaría de Marina (Semar) para detener la captura ilegal de pez Tototaba y el uso en general de las redes de enmalle en la región.
Los detonantes para que la administración federal tenga un renovado interés en solucionar la crisis ambiental, social y económica en las comunidades de San Felipe, Baja California y el Golfo de Santa Clara, Sonora, abandonadas hace dos años a su suerte, es el escenario de una eventual ampliación del embargo pesquero de Estados Unidos contra México, que se extienda del Alto Golfo de California a los 17 estados costeros del país.
Además del temor de sanciones comerciales al amparo del T-MEC, que entró en vigor el pasado 1 de julio, y que contiene reglas ambientales más estrictas para la conservación de especies protegidas.
Antes de que el acuerdo llegue a manos del presidente Andrés Manuel López Obrador, el titular de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (Sader), Víctor Villalobos y el titular de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), Víctor Toledo discutirán este lunes la propuesta con el almirante José Rafael Ojeda Durán, titular de la Semar, en una reunión a puerta cerrada en las instalaciones de la Marina-Armada de México.
La iniciativa plantea fortalecer la presencia de la Semar para regresar la legalidad y el respeto al estado de Derecho en el Alto Golfo de California, con apoyo de la Fiscalía General de la República (FGR) y la Administración General de Aduanas, combinado con labores de inteligencia.
La idea es publicar la estrategia lo más pronto posible en el Diario Oficial de la Federación (DOF), ante el inicio de la temporada de camarón el próximo mes de septiembre, en la que se pretende que los pescadores legales realicen sus actividades con redes sustentables.
Pescadores organizados del Alto Golfo de California advirtieron que no aceptarán que de nueva cuenta se impongan las reglas para la región, desde un escritorio en la Ciudad de México, ya que cualquier estrategia debe ser construida de la mano con las comunidades.
Acusaron que después de más de dos años, el Instituto Nacional de la Pesca (Inapesca) no entrega las modificaciones solicitadas por expertos internacionales para la red suripera o “chango ecológico”, que es la alternativa a las artes de pesca que dañan a la vaquita marina, y mucho menos se han realizado las pruebas correspondientes, para comprobar su efectividad.
Dijeron que ante esta situación, no les quedará más que salir a pescar camarón con sus redes tradicionales para asegurar el sustento de sus familias, ya que a pesar del embargo pesquero que entró en vigor en agosto de 2018, la Comisión Nacional de Acuacultura y Pesca (Conapesca), tampoco se preocupa en abrir nuevos mercados para su producto, luego del cierre de fronteras de Estados Unidos, que era su principal comprador.
Dirigentes de las cooperativas ribereñas pidieron a la Secretaría de Marina que si en verdad quiere poner orden en el hábitat de la vaquita marina gire instrucciones a sus elementos de actuar contra los pescadores furtivos, ya que los efectivos con tal de evitar confrontaciones, prefieren no voltear ni a ver a los ilegales.
Subrayaron que se necesitan protocolos y decisión a la hora de combatir el tráfico de Tototaba, ya que recordaron el caso de Enrique García Sández, “El Kiki”, exinspector de la Profepa convertido en totoabero, quien en marzo de 2019, fue herido de bala por marinos durante una persecución, y al final parece que las autoridades terminaron pagándole una indemnización.
Agregaron que en aquella ocasión, los pescadores furtivos atacaron con piedras el cuartel de la Marina y prendieron fuego a las instalaciones de la Profepa, quemando camionetas, embarcaciones, redes y archivos, sin que se aplicara la ley a los agresores.