México, 8 ago (Prensa Latina) El exdirector de Petróleos Mexicanos (Pemex) Emilio Lozoya Austin, acumula hoy nuevas evidencias de delitos que se suman a dos causas por las que se le juzga, sobornos de Odebrecht y compras a sobreprecio.
En el curso de la investigación que se le sigue, la Auditoría Superior de la Federación (ASF) informó este sábado en un comunicado, que tiene en su poder observaciones por más de 400 millones de pesos (casi 20 millones de dólares), los cuales fueron ejercidos de forma irregular bajo su mandato en Pemex (2013 y 2016).
Al margen de la compra irregular de las empresas Agronitrogenados y Grupo Fertinal con sobreprecio de 200 millones de dólares, y de los 10,5 millones recibidos de Odebrecht, durante la administración de Lozoya Austin se cometieron también en Pemex anormalidades financieras importantes relacionadas con seguridad y salud.
La ASF cita como ejemplo una auditoría realizada en 2016 durante el gobierno de Enrique Peña Nieto (2012-2018), en la cual la entidad revisora del gasto público documentó que Pemex no logró su meta de reducir el número de tomas clandestinas de combustibles, lo cual le generó pérdidas anuales de 19 mil 640 millones de pesos (893 millones de dólares) por robo de gasolina.
Al mismo tiempo, añade la nota, en el año mencionado la empresa dejó de utilizar bienes por más de mil 119 millones de pesos (50 millones de dólares) para proporcionar seguridad a sus instalaciones estratégicas, y tampoco justificó el pago del mantenimiento de su cuartel general, para el cual erogó 25 millones 246 mil pesos (un millón 150 mil dólares).
A esos hechos ilícitos corroborados en las auditorías, se añaden otros varios que involucran a millones de pesos mal habidos como partidas fantasmas de indemnizaciones por 157 siniestros, y fallas similares por ingresos que las áreas contables de Pemex no documentaron por gastos realizados, licencias y presuntas compras de medicamentos cuya recepción nunca se acreditó.
Lozoya Austin goza de libertad condicional bajo control por brazalete y obligación de reportarse cada cierto tiempo a Seguridad, pero de forma electrónica. El privilegio se debe a su condición de testigo protegido por su compromiso de revelar nombres y apellidos de todos los involucrados en delitos financieros bajo el gobierno de Peña Nieto.