La Habana, 12 mar (Prensa Latina) La Ley Helms-Burton codifica por primera vez el bloqueo de Estados Unidos contra Cuba, busca una restauración de la neocolonia y promueve la injerencia en los asuntos internos, subrayó hoy la cancillería cubana.
En exclusiva con Prensa Latina, Yusnier Romero, especialista de la dirección general de Estados Unidos del ministerio de Relaciones Exteriores, enfatizó además que esta legislación plantea una evidente violación del derecho internacional.
«Hasta el momento en que se firma la ley (12 de marzo de 1996), el bloqueo era un conglomerado importante de unas seis normas jurídicas que daban facultad al presidente del país para aplicarlas o no».
Romero explicó que la Helms-Burton elimina la posibilidad unilateral de levantar el asedio a la isla y establece que este se mantendrá vigente hasta que exista en Cuba lo que Washington denomina un gobierno de transición certificado por ellos mismos.
En un contexto electoral y ante la coyuntura que provocó la voladura de dos avionetas del grupo Hermanos al rescate, las cuales violaban el espacio aéreo cubano en reiteradas ocasiones, el Congreso aprobó este proyecto pese a su inconstitucionalidad.
De hecho, «el gobierno estadounidense, al principio, estuvo opuesto a esta ley ya que viola la constitución del país porque interviene en las facultades del mandatario para conducir la política exterior».
En opinión del experto, el entonces jefe de la Casa Blanca, Bill Clinton, la ratificó para ganarse el apoyo en las próximas elecciones de la comunidad cubanoamericana que residía fundamentalmente en la Florida, conocida por su importancia como Estado péndulo.
«La ley busca fortalecer las sanciones internacionales contra Cuba en un momento en el cual la isla se estaba abriendo mucho más a las inversiones extranjeras», refirió.
Además, pretende asfixiar económicamente al país mediante la aplicación de cuatro títulos que promueven la persecución financiera, la demanda extraterritorial contra terceros que hacen negocios en la isla y además, «establece los requisitos que, según ellos, deben existir para que el pueblo cubano sea verdaderamente libre».
De acuerdo con Romero, el título I, por ejemplo, impone al presidente la obligación de rendir cuentas y presentar un informe al Congreso todos los años sobre cómo ha gestionado las sanciones internacionales contra el gobierno cubano.
Además, «ese documento debe tener una descripción de toda la ayuda bilateral prestada a Cuba por otros países, así como el comercio que mantiene la isla con otras naciones lo cual demuestra la persecución milimétrica a la mayor de las Antillas en este sentido».
Por este y otros motivos, agrega el entrevistado, «esta ley constituye un obstáculo enorme y a mi juicio no podrá haber una relación estable, institucionalizada, perdurable, irreversible entre ambos pueblos mientras exista esa legislación».