Por: ENRIQUE RODRÍGUEZ MARTÍNEZ
Gran berrinche generó el jueves 11 de marzo en Palacio Nacional y en las oficinas de Rocío Nahle y Manuel Bartlett, la decisión del Juez Segundo de Distrito en Materia Administrativa Especializado en Competencia Económica, que concedió la suspensión provisional sobre la Ley de la Industria Eléctrica, impulsada como iniciativa preferente en el Congreso dominado por el partido de Estado.
Pocas veces y cada vez menos, la decisión de un juzgador federal detiene con la investidura que le otorga la Constitución un acto patriarcal que fue aprobado sin quitarle una coma, a un ordenamiento que muestra evidentes transgresiones a los principios de libertad de competencia, que tanto incomodan a la llamada Cuarta Transformación.
Independientemente del desenlace jurídico que tenga esta confrontación en las próximas semanas, con la inminente posibilidad de ser impugnada ante la Suprema Corte por la vía de una Acción de Inconstitucionalidad presentada por los partidos de oposición avasallados en las dos Cámaras del Legislativo Federal, la decisión de Juan Pablo Gómez Fierro sin duda dignifica la independencia, imparcialidad y autonomía a la que están obligados los impartidores de justicia de cualquier jerarquía.
En el contexto de un Ejecutivo tan dominante, esta suspensión provisional representa un oásis en medio del desierto que da oxígeno a una justicia federal sometida al asedio permanente de Andrés Manuel Lópoez Obrador, al que le enfadan consistentemente las decisiones jurisdiccionales que no le favorecen. La reacción del viernes 12 de marzo era predecible. AMLO avisó a los ministros que acudirá a la Corte para reclamar lo que desde su perspectiva subjetiva de la justicia considera un exceso, pero además pidió a sus incondicionales en el Consejo de la Judicatura Federal; Bernardo Bátiz, Loretta Ortíz y Verónica de Gyvés Zárate, más quien se acumule para quedar bien, que se revise el proceder del juez Gómez Fierro, cuya resolución carece de irregularidades, se ajusta a sus atribuciones para suspender dicha ley y da efectos generales a una medida cautelar que de momento detiene la injustificada preferencia de la CFE sobre las demás empresas que participan en la generación de electricidad.
El lunes 15 AMLO volvió a la carga e hizo pública una carta enviada al ministro Arturo Zaldívar en la que cuestiona la suspensión provisional, además de mencionar que en torno a este tema actúan personas, organizaciones y empresas que calificó como “afines al antiguo régimen” a quienes señala de corruptos. En el texto mostrado en la conferencia mañanera le resultaron citas personales a Felipe Calderón, Claudio X. González, Carlos Salinas de Gortari y al ministro en retiro, José Ramón Cossío Díaz, un personaje que no escapó a las polémicas internas durante su periodo en la Suprema Corte.
Para darle contexto a la mención de un ex integrante del pleno del Máximo Tribunal, debo comentar que durante la etapa en que Cossío Díaz coincidió con Olga Sánchez Cordero y Arturo Zaldívar, fueron notorias sus confrontaciones y diferencias, al extremo de la animadversión recíproca con ambos juristas.
En el mismo texto firmado por el Presidente López Obrador se califica al Estado de derecho como una excusa, algo verdaderamente inaudito.
Zaldívar respondió a la carta presidencial pocas horas después con un texto mesurado en el que destacó la autonomía e independencia de los jueces federales.
Por otro lado, Nahle y Bartlett pretenden soslayar que los consorcios privados que litigan ante el Poder Judicial de la Federación, tienen derecho a defenderse para evitar distorsiones en una industria que va hacia una regresión estatista sesentera.
AMLO es un maestro para administrar la presión hacia toda autoridad que se atreva a contradecirlo, el mensaje de inconformidad ya está dado y estaremos expectantes para ver quienes se vuelven a doblar, le cumplen con obediencia o mueren políticamente en el intento para darle dignidad a una investidura lastimada por descalificaciones y amenazas.
Conozco al juez Juan Pablo Gómez Fierro, es un joven jurista de 37 años de edad, con una carrera intachable en la que ha recorrido el escalafón de la meritocracia como oficial judicial, actuario, secretario de juzgado y tribunal. Es abogado egresado de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, Maestro en Derecho Constitucional y Derechos Humanos por la Universidad Panamericana. Fue Secretario de Estudio y Cuenta en la ponencia del Ministro Fernando Franco González Salas, togado que se distingue como gran formador e impulsor de juzgadores en el Tribunal Constitucional.
Gómez Fierro es Juez de Distrito desde 2015, gana notoriedad a través de resoluciones que ponen a prueba su templanza, ante la reacción de un mandatario que sólo acepta la obediencia a ciegas con genuflexiones desde los tres Poderes de la Unión.
El martes 16 de marzo el juez de distrito Rodrigo de la Peza también concedió suspensiones provisionales contra la misma ley, es decir coincide con el criterio de su colega para establecer que la legislación aprobada por mayoriteo es un compendio de violaciones constitucionales, como se sabía desde el principio.
EDICTOS
Ante la paliza que se ha llevado el desmantelado equipo jurídico de la Secretaría de Energía y las suspensiones provisionales que se seguirán acumulando en el Poder Judicial de la Federación, el Presidente de la República amagó con promover una reforma constitucional sobre energía. Es decir, si lo que dice la Carta Magna actualmente estorba, simplemente pretenderá borrarlo. Ni en los mejores tiempos de Luis Echeverría se había visto un presidencialismo tan absoluto. ¡L´État! c’est moi! ¿C’est clair?
Con información de Latitud Megalópolis