Con el fin de evitar una posible fuga o condiciones que pongan en riesgo la vida de Florian Tudor, identificado como el líder de la llamada Mafia Rumana, las autoridades federales lo trasladaron al Centro Federal de Readaptación Social (Cefereso) número 1, Altiplano, en el municipio de Almoloya de Juárez.
Fuentes gubernamentales informaron que esta mañana se realizó el traslado del Reclusorio Norte de la Ciudad de México, donde se encontraba preso desde el pasado 28 de mayo, a la prisión federal que se ubica en el Estado de México.
El pasado 28 de mayo, Tudor –quien radicaba en Cancún, Quintana Roo–, acudió a las instalaciones de la Fiscalía General de la República (FGR) y allí fue detenido.
Considerado el líder de la llamada mafia rumana, dedicada a la trata de personas y clonación de tarjetas bancarias a escala internacional, fue detenido en cumplimiento de una solicitud de detención con fines de extradición, formulada por el gobierno de Rumania.
Esa noche Tudor fue ingresado al Reclusorio Norte y puesto a disposición del juez de control que emitió la orden de captura.
Fue solicitado por el gobierno de Rumania para que enfrente acusaciones por delincuencia organizada, extorsión y tentativa de homicidio agravado, lo cual fue tramitado y la fiscalía obtuvo el mandamiento judicial ante un juez de control del Reclusorio Norte.
Meses antes de ser aprehendido el detenido era investigado y las autoridades tenían un seguimiento puntual de sus actividades, hasta que visitó la sede de la FGR, se consideró el momento preciso para su captura y evitar que acusara –como lo había hecho anteriormente– de manera falsa haber sido aprehendido violando sus garantías legales y sometido a tortura.
Tudor en diversas ocasiones rechazó que participe o cometa ilícitos, ya que se ha mencionado que, además de fraudes con tarjetas bancarias a escala internacional y trata de personas, es dirigente de un grupo dedicado al lavado de activos.
En ese contexto, logró que el gobierno federal le diera una audiencia en la que señaló ser una persona inocente; sin embargo, la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público informó que le congelaría sus cuentas bancarias y lo investigaba por delincuencia organizada.