Por Irma Sánchez Bautista
Resulta ser un ejercicio complicado, por primera ves en la historia reciente de nuestro país se llevará a cabo y parece que no hay gran interés de participar de los ciudadanos, será complicado, principalmente para el partido en el poder ya que en las pasadas elecciones del 6 de junio su números de votantes disminuyó, el planteamiento es el siguiente con números.
Suponiendo sin conceder que todos los militantes de Morena voten el próximo 1 de agosto, solamente tendrían el 22% de la lista nominal, pero se requiere el 40% de ese padrón, la consulta popular dónde se preguntará a los ciudadanos si están de acuerdo en que se emprenda un proceso de esclarecimiento de las desiciones políticas tomadas en Gobiernos anteriores, podría ser un rotundo fracaso si no participan por lo menos 37,427,269 inscritos en la lista nominal de electores, cantidad necesaria para que éstos resultados sean obligatorios: según datos del INE, hasta el día 18 de junio estaban inscritos en la lista nominal, 93,558,172 ciudadanos, en consecuencia si consideramos a todos aquellos que votaron el 6 de junio en favor de morena y sus partidos aliados sólo alcanzarían el 22% de la lista nominal, pues los sufragios a favor del partido en el Gobierno junto con los partidos en alianza PT y el VERDE suman solamente un poco más de 20 millones, incluso si suman los aliados satélite ya casi desaparecidos PES, RSP, y fuerza por México solo alcanzarían un poco más de 24 millones de votos de la lista nominal, muy lejos de los 37.4 millones requeridos para qué los resultados de la consulta sean obligatorios, de acuerdo con el artículo 35 de la Constitución, la consulta según el INE tendrá un costo de 528 millones de pesos aunque inicialmente requieren 1,499 millones para instalar 59,000 mesas receptoras, sin embargo en éste caso tal cómo está planteada la pregunta, si se logra dicha participación y una mayoría responde SI, hay que destacar que las autoridades de procuración y administración de justicia, NO, están obligadas a acatar esa opinión ciudadana, por la simple y sencilla razón de que la JUSTICIA NO SE CONSULTA SEÑORES, lo que en resumen vemos con mayor preocupación lo que pretende el Presidente Andrés Manuel López Obrador es desviar la atención, de las masacres del crimen organizado el nuevo brote de Covid-19, el desabasto de medicamentos para niños con cáncer, los muertos de la línea 12 del metro, y ahora el reclamo de la intervención del Presidente en las recientes elecciones del 6 de junio, también la compra fallida de medicamentos que costará aproximadamente 2,389 millones de pesos, que únicamente será por la asesoría, supuestamente para mayor eficacia y transparencia, sin embargo el primer intento del organismo de la ONU por cumplir con la tarea que le fue encomendada terminó en fracaso pues la mitad de éste 2021 solo a logrado adquirir un 55% de lo programado, por lo que el grave desabasto continúa y la UNOPS ( Oficina de Naciones Unidas de Servicios para Proyectos) ya se embolsó la cantidad antes mencionada, y así continúan los desaciertos de éste gobierno busca en el Presidente a como de lugar tener pretextos de seguir culpando a los gobiernos anteriores de sus desaciertos.