El Instituto Nacional Electoral (INE) solicitó a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) hacer una ampliación de la controversia constitucional que promovió en contra del presupuesto que le fue asignado y la obligación legal de realizar el ejercicio de revocación de mandato con esos recursos.
El organismo electoral afirma que en torno a estos hechos han ocurrido nuevos desde que presentó la denuncia, y considera que éstos deben ser analizados por el máximo tribunal.
Entre estos señala la resolución del 29 de diciembre de la Sala Superior de Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, donde se falló que el INE carece de facultades para aplazar la revocación de mandato.
También la denuncia promovida por el presidente de la mesa directiva de la Cámara de Diputados, Sergio Carlos Gutiérrez Luna, en contra de los consejeros del INE, por su intención de retrasar la realización de la revocación de mandato.
El INE también pidió a la SCJN que, con base en los citados hechos supervenientes, se revise la decisión de no concederle la suspensión, lo que le permitiría no realizar la revocación de mandato hasta que se le entregue presupuesto adicional.
“En efecto, a través de dichas manifestaciones el Instituto Nacional Electoral pretende establecer que la reducción de los recursos que le fueron asignados en los rubros impugnados del Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal dos mil veintidós, ha derivado en diversos hechos supervenientes, como son los citados acuerdos y oficios emitidos por el propio Instituto actor, la resolución dictada por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en el expediente SUP-JE-282/2021 y sus acumulados, entre otros; por lo tanto, se concluye que el promovente los señala a efecto de vincularlos con el acto impugnado en el escrito inicial”, señala el acuerdo donde la SCJN acusa recibo de la petición del INE.
El máximo tribunal no ha admitido la ampliación de la demanda del INE, ni ha accedido a revisar la negativa para otorgarle la suspensión.
Sin embargo, para corroborar si hay una variación en los hechos que dieron origen a esta controversia, la SCJN pidió informes a varias autoridades, entre estas “A la Fiscalía General de la República, para que informe a este Alto Tribunal el estatus que guarden las denuncias instauradas en contra de los servidores públicos del Instituto Nacional Electoral, que estén relacionadas con el procedimiento ciudadano de revocación de mandato, en particular, la identificada por el promovente con clave: FED/FEMCC/FEMCCCDMX/0000838/2021.”