México, 11 mar (Prensa Latina) La Cámara de Diputados aprobó un acuerdo el cual quita la veda electoral al presidente de la República y legisladores cuyos pronunciamientos dejan de interpretarse propaganda gubernamental, informaron hoy fuentes del hemiciclo.
De esa manera, los diputados echan abajo disposiciones que en la materia había impuesto el Instituto Nacional Electoral (INE) cuya dirigencia adversa al gobierno y ha llenado de obstáculos el camino hacia una consulta popular sobre la revocación de mandatos propuesta por López Obrador que se realizará el 10 de abril.
El titular de la Comisión de Puntos Constitucionales, Juan Ramiro Robledo (Morena), anunció que con este paso se está iniciando un proceso de reforma electoral, que vamos a tardar en culminar, pero anticipó que no se buscará desaparecer al INE, sino regularlo para que no sobrepase sus facultades.
Al final de una discusión de más de cuatro horas, durante la cual otra vez abundaron insultos y descalificaciones entre todas las fuerzas políticas, Robledo consideró que deben conservarse tres órganos constitucionales autónomos: «El Banco de México, que cuenta el dinero; el Instituto Nacional de Estadística, que cuenta a la gente, y el INE, que cuenta los votos».
Expuso que las decisiones de los magistrados electorales y los consejeros, que limitan la libertad de expresión, llevaron a proponer el decreto. Resaltó que en México se ha ido del extremo de permitir todo a los presidentes, a impedirles opinar en tiempos electorales.
Sobre el alcance político del decreto, admitió que es el presidente del país quien está en el centro del debate por esa forma que tiene de contestar y de difundir su trabajo, que no gusta a muchos.
Y así como no paga propaganda gubernamental para que los medios le estén haciendo apología, sí tiene un medio para dar su versión y su opinión.
Debido a que la revocación y el proceso para elegir gobernadores en seis estados ya se iniciaron, constitucional y legalmente la Cámara está impedida a realizar modificaciones al marco legal electoral.
Por ello Morena recurrió a la figura de un decreto para interpretar el alcance de la prohibición que establece la Ley en materia de propaganda gubernamental, y en esa interpretación, sólo se considerará propaganda la que sea pagada con fondos públicos.