Ponen amparo ambiental contra el gobierno del estado

Miembros de la asociación civil EcoRenacimiento A.C. presentaron un nuevo amparo para que el Gobierno del Estado de México y la Secretaría de Medio Ambiente dé cumplimiento con las normativas ambientales NOM-025-SSA1-2021 y NOM-020-SSA1-2021 de Salud Ambiental. 

El objetivo de este proceso es que se modifiquen los valores para decretar las fases de la contingencia ambiental en la Zona Metropolitana del Valle de Toluca (ZMVT), basándose en normas internacionales, ya que persiste la mala calidad del aire en la región sobre todo en lo relacionado con las micro partículas PM10 y PM2.5. 

Dicha demanda ya fue admitida por el juez tercero de distrito en materia de amparo y juicios federales en el Estado de México, mientras que la Secretaría del Medio Ambiente ya presentó su informe respectivo. 

En conferencia de prensa virtual el activista ambiental, Dante Álvarez, informó que este tipo de contaminación tiene una estrecha relación con el crecimiento de la mancha urbana, pues en los últimos 40 años la población de Toluca se cuadruplicó y su área urbana creció 27 veces incluyendo sobre todo la infraestructura vial, además de otros factores. 

Las razones del cambio  Sostuvo que las partículas PM10 y PM2.5 afectan la función pulmonar provocando muertes prematuras ante una exposición prolongada, además de ser uno de los principales factores relacionados con el aumento en la incidencia en enfermedades respiratorias.

Por su parte, Luis Miguel Cano, integrante de dicha asociación indicó que existen estudios en el Programa de Gestión Federal para Mejorar la Calidad del Aire en la Megalópolis y en la Estrategia Nacional de Calidad del Aire, en los que se refiere que en entidades como el Estado de México, Monterrey y Guadalajara se evitarían alrededor de 2 mil 700 fallecimientos prematuros si se adoptaran los estándares recomendados por la Organización Mundial de la Salud (OMS), lo que además se suma a los ahorros económicos por arriba de los 18 mil millones de pesos. 

También se puntualiza que en 12 ciudades del país podrían evitarse 17 mil 700 muertes si se cumple con las recomendaciones sobre ozono y sobre material particulado. «El costo más importante aquí es el costo en vidas, en salud de la personas”, subrayó.