Por Luis Manuel Arce Isaac
Ciudad de México, 9 jul (Prensa Latina) Como diría el general Omar Torrijos, en política no hay sorpresas sino sorprendidos, y ese es el caso de las revelaciones sobre una enorme fortuna presuntamente ilícita del expresidente de México Enrique Peña Nieto.
Durante estos casi cuatro años de lucha contra la corrupción llevada a cabo por el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador, el último ocupante de la mansión ejecutiva de Los Pinos no se sintió aludido, ni aun en el caso de la corrupción en Pemex por la que se juzga a su ex director general Emilio Lozoya.
Todo México sabía que los miles de millones de pesos repartidos en maletas que salían de la propia casona de Los Pinos y despachos cercanos a los del mandatario, eran nada en comparación con la corrupción que distinguió a su gobierno en emulación con los anteriores de Felipe Calderón y Vicente Fox, como denuncia el partido oficialista Morena.
Y aunque en el Partido Revolucionario Institucional (PRI) «la procesión iba por dentro», la aprehensión y procesamiento judicial de Lozoya causó calambres ante temores de que el personaje hiciera revelaciones comprometedoras.
El caso es que las expectativas abiertas fueron descendiendo y su silencio fue tan fiel a sus jefes, que Lozoya fue privado de los privilegios que se le habían otorgado como testigo protegido, y aparentemente Peña Nieto y sus subordinados durmieron un poco más tranquilos hasta hace apenas unas horas.
En una mañanera de López Obrador el 7 de julio que pudiera ser histórica, por vez primera el gobierno reveló evidencias tan fuertes de malversación en el caso de Peña Nieto.
Los restos de la entonces cúpula del PRI se estremecieron cuando Pablo Gómez, jefe de la Unidad de Investigaciones Financieras (UIF), anunció que se había abierto un expediente de investigación por un presunto enriquecimiento ilícito de Peña Nieto, y estaba a cargo de la Fiscalía General de la República.
Debe recordarse que en un histórico plebiscito en agosto del año pasado, aunque no vinculante, el pueblo mexicano votó en favor del enjuiciamiento y condena a los expresidentes neoliberales que se les comprobaran acciones como las reveladas ahora.
Pablo Gómez mencionó irregularidades fiscales y financieras en dos empresas de las que Peña Nieto es accionista y el hecho de que una firma internacional vinculada a las anteriores recibió contratos por 10 mil 500 millones de pesos (525 millones de dólares) entre 2013 y 2018, es decir, en su sexenio peñista.
La caja de Pandora está abierta, y aunque son cifras mínimas en comparación con todo el dineral trasegado y los negocios turbios en su mandato, la gente está a la expectativa porque desde hace tiempo esperaban una reacción oficial de esa naturaleza encaminada a hurgar hasta el fondo lo realmente acontecido en el gobierno priísta.
Eso incluye la tragedia de la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa escondida en su gobierno bajo la maniobra encubridora denominada «verdad histórica» y su principal responsable Tomás Cerón de Lucio, entonces titular de la Agencia de Investigación Criminal (AIC) de la Procuraduría General, hoy refugiado en Israel, país donde adquirió el sistema de espionaje Pegasus, desmantelado por López Obrador.
Todos saben que el 7 de julio emergió de las turbias aguas de la corrupción peñista apenas la punta del iceberg y que en las profundidades se podría llegar hasta la época del expresidente Carlos Salinas de Gortari y todos los demás hasta el 1 de diciembre de 2018 cuando comenzó la Cuarta Transformación.
Como alerta el diario La Jornada en uno de sus editoriales sobre el caso, sin duda la existencia de una investigación formal en torno a los bienes de Peña Nieto es difícil y complicada.
Hay mucho dinero de por medio y es complicado comprobar y sancionar en términos legales el presunto delito, toda vez que quienes la cometieron tuvieron a su disposición los medios para destruir u ocultar las pruebas de sus actos y crearon un entramado jurídico intencionalmente permisivo y débil ante los crímenes perpetrados por las élites políticas y empresariales.
En ese sentido es muy razonable la conclusión de La Jornada de que, «en este contexto, lo que se puede esperar, y se debe exigir, es que se haga justicia en todo lo que se pueda comprobar, lo cual, inevitablemente, será una pequeña proporción de las tropelías y los desfalcos cometidos a lo largo de tres décadas».