(ng) El Gobierno de Chiapas propuso dar marcha atrás a la ley antiprotestas aprobada en mayo pasado por el Congreso Local y la cual facultaba a las corporaciones policiacas al uso de armas para dispersar a manifestantes.
Durante la sesión de la Comisión Permanente de ayer, la 65 Legislatura dio entrada a la propuesta enviada por el Secretario de Gobierno, Eduardo Ramírez Aguilar, para abrogar el Código que establece el uso legítimo de la fuerza por las instituciones de Seguridad Pública del Estado de Chiapas.
La propuesta entró a primera lectura y fue turnada a la Comisión de Seguridad Pública para su estudio y dictaminación.
La ley antiprotestas fue aprobada por mayoría de votos el pasado 15 de mayo, lo que generó inconformidad de la Oposición y organizaciones sociales.
La Comisión Nacional de Derechos Humanos consideró anticonstitucional la medida.
La norma da facultad a la Policía local a dispersar manifestaciones violentas con el uso de armas no letales e incluso implementar operativos preventivos durante protestas pacíficas.
Además, estableció protocolos de actuación de las corporaciones durante las detenciones y otras formas de intervención para garantizar la seguridad pública.
De igual manera, definió, clasificó y estableció las reglas para el uso legítimo de la fuerza pública, incluyendo el uso de armas, bajo los principios de legalidad, racionalidad, proporcionalidad, congruencia, oportunidad, estricta necesidad y con respeto y protección de los derechos humanos, entre otras reglamentaciones.