La dirigencia del PRD en el Distrito Federal anuncia que tras conocer la resolución que tomaron ayer la mayoría de los consejeros del Instituto Electoral del Distrito Federal, respecto al proyecto que presentó la Unidad de Fiscalización del mismo sobre las acusaciones que pesan sobre Cuauhtémoc Gutiérrez de la Torre, por el probable desvío de recursos públicos para financiar una supuesta red de prostitución al interior del PRI en el DF, impugnará la decisión ante el Tribunal Electoral del Distrito Federal.
Ello, tras considerar que no se agotaron los principios de exhaustividad y transparencia que debe haber en una indagatoria de la importancia que reviste la acusación contra Gutiérrez de la Torre, que en su momento presentó el PRD-DF por la probable comisión de los delitos de desvío de recursos.
El PRD-DF, como tercero interesado, exige se conozca qué fue lo que realmente pasó a raíz de la investigación periodística que realizó el equipo de trabajo de Carmen Aristegui.
Como partido político quiere que se aclare y se transparente la forma en que el PRI-DF contrataba a dichas mujeres que supuestamente aparecían en la nómina bajo la figura de personal administrativo.
Consideramos que contratar edecanes o acompañantes al servicio de un dirigente con dinero público constituye una agravante para la vida democrática en la ciudad que merece la mayor de las investigaciones, pero condicionar su contratación a cambio de favores sexuales es violatorio de sus derechos humanos, lo que merece la mayor de las condenas.
Tenemos la certeza de que si las mujeres involucradas en el caso Gutiérrez de la Torre no se han presentado a declarar es por el temor a las represalias de parte de sus ex patrones, lo que no quiere decir que no hayan existido los delitos que se investigan.
El PRD en el DF reitera que en el caso Gutiérrez de la Torre no existe ningún interés de índole personal sino estrictamente al que compete al ámbito de la actividad política, pero resulta inaceptable que dinero público que debería ser utilizado para el desarrollo de actividades partidistas se utilice indebidamente para fines ajenos a las mismas.