Asociaciones de alcaldes cuestionaron la propuesta de ley contra la infiltración del crimen organizado en municipios anunciada ayer por el Presidente Enrique Peña Nieto.
El planteamiento es que la Federación asuma el control de los servicios municipales o se disuelva un ayuntamiento cuando haya indicios de que están involucrados con la delincuencia organizada.
Renán Barrera, presidente de la Conferencia Nacional de Municipios de México (Conamm), reclamó que no fueron consultados, además de que, dijo, ya hay instrumentos al respecto.
«No ha sido tomada en cuenta la Conferencia Nacional de Seguridad Pública Municipal en esta propuesta y tampoco la Conamm.
«Hoy hay instrumentos para poder intervenir en los municipios donde se sabe de la presencia del crimen organizado y se ha dejado de hacer», acusó el Alcalde de Mérida y también presidente de la Asociación Nacional de Alcaldes (Anac), que agrupa a ediles panistas.
Calificó el anuncio presidencial como carente de autocrítica e irresponsable, y señaló que lo que ha faltado es aplicar la ley.
«No se debe limitar a ponerle el costo de lo que está pasando a los municipios, cuando vemos que hay una descomposición institucional que va desde el Gobierno federal.
«Un anuncio con una falta de autocrítica y solamente haciendo referencia a los municipios me parece que pudiera ser incluso hasta irresponsable», señaló Barrera.
La perredista Leticia Quezada, presidenta de la Asociación de Autoridades Locales de México, A.C. (Aalmac), coincidió en que la propuesta de Peña Nieto generaliza la problemática de infiltración por parte del crimen en los municipios, a los que afectaría en sus atribuciones y presupuesto.
«Con esto se califica por igual a la mayoría de los presidentes municipales. Y finalmente se pierden atribuciones y se pierde presupuesto de los propios municipios.
«Y obviamente a nivel nacional quedamos como reprobados los presidentes municipales, porque tal parece que no se puede hacer bien la chamba», señaló la Quezada, también Jefa Delegacional de Magdalena Contreras.
Sostuvo que debido a que no fueron consultados, pedirán ser incluidos en la discusión de la propuesta.
Por su parte, Bárbara Botello, presidenta de la Federación Nacional de Municipios de México (Fenamm), que agrupa a Alcaldes priistas, respaldó las acciones anunciadas por el Presidente Peña Nieto y confió en que fortalecerán la seguridad y el Estado de derecho.
«Son medidas fuertes, pero son medidas también muy necesarias, muy firmes, que está haciendo», dijo la Alcaldesa de León.
Proyectan otra vez la cédula
El Gobierno del Presidente de Enrique Peña Nieto intentará una vez más integrar un registro de identidad de los ciudadanos, que en 40 años no ha podido ser consolidado a pesar de los cuantiosos recursos que se le han destinado.
Desde 1974, la Ley General de Población ordenó la existencia de la cédula.
En junio de 1992, el entonces Presidente Carlos Salinas envió una reforma para detallar que dicho documento debería contener nombre, Clave Única de Registro de Población, fotografía, firma y huella dactilar.
Sin embargo, fue hasta octubre de 1996, ya en el Gobierno de Ernesto Zedillo, cuando se publicó el decreto que creó la Clave Única de Registro de Población (CURP), que es una llave compuesta por 18 caracteres alfanuméricos, con la cual se pretendió bautizar de manera inequívoca a cada mexicano.
El último intento de dotar un documento de identidad se dio el sexenio pasado, cuando se destinaron más de 2 mil 300 millones de pesos para crear una cédula, que no pudo operarse para los mayores de 18 años debido a que no quiso afectarse a la credencial de elector y se enfocó en los menores de edad. En diciembre de 2012, con el nuevo Gobierno, la expedición fue suspendida.