La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) y la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal (CDHDF) hicieron un llamado para que las autoridades respeten la libre expresión de manifestantes.
Sin referirse directamente a los abusos del uso de la fuerza de las Policías Federal y capitalina ocurridos en la marcha del pasado 20 de noviembre, los organismos se pronunciaron en contra de cualquier tipo de violencia durante las manifestaciones públicas, incluyendo aquella proveniente de las autoridades.
«Ambas instituciones hacen un llamado a las autoridades para que los servidores públicos, especialmente los pertenecientes a las fuerzas del orden, lleven a cabo sus funciones en el marco de la ley y en apego a los más altos estándares en derechos humanos, con el fin de garantizar la seguridad de las personas que ejercen su derecho a la libre manifestación», señalaron en un comunicado conjunto.
Los funcionarios, añadieron, deben evitar estigmatizar a defensores y defensoras de derechos humanos a través de declaraciones que desvirtúen su labor y deben garantizar su seguridad durante las manifestaciones.
En cuanto a la labor periodística, las comisiones pidieron que se evite molestar, detener, trasladar o secuestrar el equipo de los comunicadores que cubren los hechos.
Cabe recordar que, según la organización Artículo 19, al menos 18 periodistas y defensores fueron violentados por granaderos durante las protestas de ese día.
«Es necesario que la autoridad aplique protocolos de prevención en las manifestaciones, identifique a quienes incurran en actos de violencia y proceda conforme a Derecho, con respeto irrestricto a sus derechos humanos», consideraron.
En cuanto a los hechos del 20 de noviembre, la CNDH reveló que se investigan 44 quejas y se está dando seguimiento a la situación de los 11 detenidos, cuyos familiares han denunciado que sufrieron detenciones arbitrarias, golpes e incomunicación, entre otras irregularidades en su proceso.
En tanto, la CDHDF inició una investigación de oficio, a la cual se añaden 18 quejas presentadas.
«Además, se ha recabado el testimonio de 30 presuntas víctimas; se solicitaron los materiales de videograbación de las cámaras de seguridad de la ciudad y se remitieron 6 quejas a la CNDH por razón de competencia», informaron.
Los organismos concluyeron con recordar al Estado que, aunque tiene la obligación de garantizar la seguridad y el orden público, éste debe aplicarse conforme a derechos humanos y con un uso diligente del derecho penal.