Con el fin de garantizar la preservación de las 364 variantes de lengua indígena que hablan casi siete millones de mexicanos que hablan alguno de estos dialectos, el Grupo Parlamentario Nueva Alianza planteó reformar la Ley General de Derechos Lingüísticos de los Pueblos Indígenas.
Durante la sesión de la Comisión Permanente, el diputado aliancista José Angelino Caamal Mena manifestó que cada una de las variantes es “en sí misma, un tesoro cultural para todos los mexicanos”, por lo que a diez años de la promulgación de dicha Ley, es necesario “seguir avanzando en el cumplimiento de nuestro marco jurídico constitucional e internacional, es necesario hacer un ejercicio de evaluación”.
Refirió que de acuerdo con el Censo de 2010, en México existen 15.7 millones de indígenas, de los cuales 6.9 millones hablan alguna lengua indígena y 9.1 millones se reconocen como tal, aunque hablan español. Además, existen 68 lenguas indígenas de 11 familias lingüísticas, con un total de 364 variantes, según el Catálogo que publica el INALI.
Por ello, dijo, “en Nueva Alianza congruentes con nuestra vocación democrática e incluyente reconocemos en las lenguas indígenas su valía cultural; pero sobre todo tenemos la obligación de garantizar la preservación de las 364 variantes de lengua indígena, no como una graciosa concesión del Estado mexicano sino como una potestad para los casi siete millones de mexicanos que se expresan en alguna de esas lenguas”.
El diputado por Campeche indicó que la propuesta de reformar la legislación en materia de derechos lingüísticos, tienen el objetivo de que los derechos indígenas sean garantizados en todas las áreas de la vida pública, sin importar si están en su comunidad de origen o fuera de ella, y que las instancias correspondientes respeten estos derechos, así como garantizarles su acceso a la justicia en lengua materna.
Además, manifestó que “es importante garantizar que los ciudadanos con alguna lengua indígena puedan contar con intérprete oficial otorgado por el Estado con la finalidad de no dejar desprotegido a este sector de la población”.
En este sentido, dijo, la actual redacción del artículo 10 contiene limitantes, ya que pareciera que la asistencia gratuita de intérpretes y traductores se garantiza en procedimientos de índole jurisdiccional, incluyendo la materia agraria y laboral y excluyendo la administrativa y penal, explicó el también integrante de la Comisión de Grupos Vulnerables de la Cámara Baja.
Por otra parte, la propuesta de reforma pretende actualizar la nomenclatura del Instituto Nacional Indigenista (INI) por el del nombre de la actual institución: Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas, creada por el Decreto de Ley de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 23 de mayo de 2003, y que sustituyó al INI.
También, se plantea incorporar un miembro del Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) al órgano de gobierno del Instituto Nacional de Lenguas Indígenas (INALI), toda vez que el el INAH ha hecho un trabajo permanente de investigación, preservación y difusión de las lenguas indígenas, a través de la Dirección de Lingüística.
Finalmente, Caamal Mena manifestó que “en el Grupo Parlamentario Nueva Alianza consideramos fundamental el seguir avanzando en la construcción de nuestra democracia. Esto sólo es posible si el marco jurídico promueve justicia y equidad para todos.”.