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Transparencia debe reflejarse en reformas legales para su garantía, no en buenas intenciones: Dip. Gabriel Gómez del Campo

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El acuerdo firmado por la Asamblea Legislativa del Distrito Federal con Transparencia Mexicana no debe quedar en buenas intenciones, sino debe traducirse en reformas a la ley para garantizar la rendición de cuentas y que la ciudadanía sepa cómo se gastan las prerrogativas los partidos políticos representados en esta soberanía, afirmó el Presidente de la Comisión de Transparencia de la ALDF, Gabriel Gómez del Campo.

Al inaugurar el foro “Sin Transparencia no hay Democracia”, realizado este jueves, consideró que la Asamblea Legislativa deber trascender en materia de transparencia y rendición de cuentas, no quedarse sólo en acuerdos y buenas intenciones.

“Que la Asamblea Legislativa no quede rezagada y sea punta de lanza en el país para transparentar los recursos públicos que utilizan sus legisladores. Entonces nada más acotando un poco, que no sea un acuerdo de la VI Legislatura, sino una modificación a la ley de la VI Legislatura para las que vienen”, explicó.

Posteriormente, al disertar sobre la historia de la transparencia en distintos países del mundo, el diputado Gómez del Campo Gurza destacó que diversos estudios señalan que la correlación directa entre transparencia y corrupción. Esto es, dijo, que la transparencia disminuye la corrupción cuando no hay monopolio de poder.

“En las democracias, no se ejerce el poder monopólico, pues este se distribuye entre distintos agentes o ramas del gobierno que se vigilan entre sí. Se infiere, por lo tanto, que la transparencia es un elemento indispensable en la democracia de calidad y coadyuva a disminuir la corrupción”, apuntó.

Por ello, abundó que no es aventurado afirmar que la transparencia y la publicidad de la información pública constituyen un elemento distintivo de una tendencia democrática. Es decir, que la democracia no termina en las elecciones, sino únicamente es su inicio.

Recordó que en México la transparencia tiene como primer antecedente el Programa de Modernización de la Administración Pública, durante el gobierno de Ernesto Zedillo en 1996; sin embargo, no es hasta el 24 de mayo de 2001 con la administración de Vicente Fox cuando se planteó la necesidad de crear una ley que garantizara el derecho de acceso a la información pública gubernamental.

Por lo que se refiere a la ciudad de México, el 8 de mayo de 2003 se publicó en la Gaceta Oficial del Distrito Federal la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del DF.

A partir de esa fecha, se ha transitado en reformas para fortalecer la ley; pero aún falta mucho por hacer para que este derecho sea garantizado plenamente a todos los ciudadanos. En ese sentido, destacó el compromiso de Acción Nacional para contribuir con las propuestas que se están presentando en la materia; pero sobre todo, con la disposición para transparentar cómo y en qué se gastan las prerrogativa que recibe el Grupo Parlamentario en la ALDF.

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