Con el firme propósito de contribuir con el Congreso de la Unión para que a la brevedad se discuta y apruebe la Reforma Política para el Distrito Federal, el Jefe Delegacional de Álvaro Obregón, Leonel Luna Estrada, anunció que la demarcación que encabeza se sumará a los trabajos que se impulsen desde los diferentes ámbitos legislativos para sacar adelante dicha reforma.
Informó en coordinación con la ALDF, en las próximas semanas, la Delegación Álvaro Obregón realizará un foro ciudadano para que los vecinos y especialistas emitan sus opiniones al respecto, las cuales se verán reflejados en las acciones que lleve a cabo el órgano legislativo.
No obstante, Luna Estrada destacó que de forma paralela a la discusión de la Reforma Política, es necesario que los partidos políticos representados en la ALDF trabajen en una reforma administrativa que fortalezca a los gobiernos delegacionales.
Explicó que esta reforma deberá ser procesada en la Cámara de Diputados, la Asamblea Legislativa y el Gobierno del Distrito Federal. Es decir, la Cámara alta deberá discutir reformas al Estatuto de Gobierno; mientras que la ALDF tendría que modificar la Ley Orgánica de la Administración Pública del Distrito Federal, Ley de Presupuesto de Gasto Eficiente, así como las normas relacionadas con el ejercicio del gasto público local.
Del mismo modo, dijo, es necesario que el Gobierno del Distrito Federal modifique las reglas de operación, principalmente aquellas que cruzan por la Secretaría de Finanzas, a fin de simplificar los trámites y agilizar la aplicación de los recursos destinados a obras, programas y acciones de gobierno que surgen desde las delegaciones.
Luna Estrada señaló que si bien los gobiernos delegacionales son quienes están más cercanos a la ciudadanía, tienen facultades y atribuciones limitadas en materia administrativa, de verificación, de usos de suelo y ordenamiento urbano, programas y políticas sociales, seguridad pública y protección civil.
Por ello, dijo, es importante avanzar en una agenda de reformas que establezcan un esquema de coordinación entre el gobierno central y los gobiernos delegacionales para la aplicación de políticas y programas sociales.
Esto, manifestó, evitará las duplicaciones de los programas y precisará las políticas públicas y apoyos que deban ejercerse a través del gobierno central por sus características o de las que pueden quedar plenamente a cargo de las delegaciones.
Del mismo modo, consideró es necesario dotar de mayores facultades a las delegaciones en materia de presupuesto, programación y gasto público. Es decir, proporcionarles un mayor margen en la integración de los Programas Operativos Anuales y otorgándoles la facultad directa del ejercicio de su presupuesto.