Madrid, 5 sep (PL) El presidente de Cataluña, Artur Mas, expresó hoy su intención de celebrar en 2016 elecciones plebiscitarias, si el Gobierno español veta la celebración de una consulta de autodeterminación el próximo año en esa comunidad autónoma.
Mas dijo que no descarta convertir en plebiscito los comicios regionales de 2016, cuando concluye la legislatura, en caso de que el ejecutivo conservador de Mariano Rajoy impida el proyectado referendo sobre la independencia catalana.
En declaraciones a Catalunya Radio, el mandatario matizó, sin embargo, que se trata de un escenario que desea evitar porque supondría una confrontación con el Gobierno central.
Mi intención es poder hacer la consulta en 2014 y llevarla a cabo con el consentimiento del Estado español, remarcó el líder de la derecha nacionalista catalana, encarnada por Convergencia y Unión (CyU).
Durante su diálogo con la radioemisora de la Ciudad Condal, Mas descartó convocar de forma unilateral un referéndum que, a todas luces, rechazará la administración del derechista Partido Popular (PP).
El Tribunal Constitucional (TC) de España aceptó en mayo pasado un recurso presentado por el gobierno de Rajoy contra la declaración de soberanía aprobada por Cataluña.
Con su admisión a trámite de la demanda del Ejecutivo, el alto tribunal suspendió temporalmente el acuerdo adoptado el pasado 23 de enero por el Parlamento catalán, que define a ese territorio del noreste español como sujeto político y jurídico soberano.
Ese día, el legislativo regional dio luz verde a una declaración de soberanía que expresa la voluntad de esa autonomía de iniciar un proceso de autodeterminación, mediante la celebración de una futura consulta popular.
El Gobierno del PP recurrió ese texto, que consagra el derecho a decidir del pueblo catalán en un referendo sobre la independencia, al argumentar que es incompatible con la Constitución de este país europeo.
En su recurso ante el TC, el Palacio de la Moncloa (sede del poder central) pidió la anulación de la denominada declaración soberanista en base a varios artículos de la Carta Magna.
La impugnación de Madrid implica la suspensión durante cinco meses de dicha resolución, en tanto el TC -considerado el supremo intérprete de la Constitución española de 1978- no decida sobre el fondo del asunto.