Reforma Energética del Gobierno limita el crecimiento del Estado

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Poder Legislativo no debe renunciar a su obligación constitucional de velar por el petróleo

El Partido de la Revolución Democrática en el Senado de la República no está de acuerdo con modificar la Constitución para que las empresas extranjeras inviertan en Petróleos Mexicanos (Pemex), aseguró el senador Benjamín Robles, quien fungió como moderador de la mesa Análisis constitucional sobre la reforma energética, del Debate Público de la Reforma Energética.

Dijo que sí tiene que haber modernización pero sin ceder la tutela del sector energético; como la plantea el Grupo Parlamentario del PRD, es decir con cambios jurídicos pero no constitucionales, que garanticen que el petróleo sea del Estado mexicano.

El senador por Oaxaca aseguró que la reforma constitucional que promueve el gobierno federal ha sido ampliamente defendida por la propaganda mediática y que sostiene que la participación del capital privado no significa privatizar a Pemex.

Durante el foro El Debate Público de la Reforma Energética, Ignacio Marván Laborde, investigador del Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE), estimó que la iniciativa para modificar la Constitución y abrir a Pemex a la inversión privada es una contrarreforma, porque limita el crecimiento del Estado.

“Es una reforma rentista, parecen capitalistas del siglo XVIII, quieren venderse como muy modernos, es una reforma rentista que busca maximizar ingresos y comprometer recursos y comprometer el propio desarrollo del país”, aseguró.

Señaló que en la medida en que se debilita la capacidad del Estado para impulsar el desarrollo, “es una reforma absolutamente impolítica, por no decir que alguien que cede el poder de esta manera, es una estupidez política, ¿ese poder a cambio de qué lo vas a ceder?”.

Marván Laborde aseguró que la propuesta del Ejecutivo es una contrarreforma que va en contra de la visión con la que fue creado el Estado mexicano, pues deja sin efecto a los artículos 27 y 28 constitucionales, mismos que establecen la propiedad de los recursos naturales de la nación, y subordinan a la inversión extranjera a lo que mandata la Constitución.

“Lo que proponen Enrique Peña Nieto, los tecnócratas y las empresas extranjeras, es una contrarreforma. Abren espacio a las ganancias indiscriminadas. Modifica de manera radical y en sentido contrario la visión del Estado mexicano. La propiedad y dominio directo de los recursos naturales del país”, dijo Marván Laborde.

Denunció que la iniciativa propuesta por el Gobierno federal, en ninguna parte, plantea las utilidades compartidas, “es sólo parte de un discurso pero no está plasmado en un documento jurídico. Abren el camino a la aventura compartida, casi una concesión”, enfatizó.

Dijo que la consulta popular vinculatoria, propuesta por el PRD, es necesaria, porque corresponde a la nación decidir si quiere dar ese giro fundamental que le están proponiendo, cambiar la Constitución y ceder los derechos del petróleo a las empresas extranjeras o no.

Por su parte, Alejandro Morales, especialista en derecho constitucional, señaló que la explotación del petróleo por parte del Estado, debe ser protegido inexcusable por el poder Legislativo, por ser una riqueza básica, y porque así está establecido en la Constitución.

Detalló que los artículos 25 y 28 constitucionales obligan al Estado a mantener siempre la tutela de los organismos que se encargan de las áreas estratégicas del país, como son el petróleo y la generación de electricidad.

“El Poder Legislativo no puede renunciar a sus facultades constitucionales, de velar por el cumplimiento de los artículos 25, 27 y 28, y mucho menos en esta materia”, sentenció durante el foro realizado por el Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática en el Senado.

Enfatizó en que la propuesta hecha por el PRI, a través del titular del Ejecutivo, suprime los contratos; y la propuesta del PAN no contempla la protección de las áreas estratégicas.

Y por otro lado, la iniciativa del PRD, garantiza que el Estado tenga la tutela del sector energético mediante reformas jurídicas y no constitucionales, como lo plantea el ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas.

 

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