Durante el foro El Debate Público de la Reforma Energética, especialistas coincidieron que de aprobarse los cambios contitucionales en materia energética, este sector quedará expuesto a las disposiciones del Tratado de Libre Comercio de América del Norte, TLCAN, violatorias a la seguridad y la soberanía nacional.
En esta sesión de trabajo, se discutieron las repercusiones del cambio constitucional en el Tratado de Libre Comercio y la la diputada Loretta Ortíz Ahlf aseguró que se perderá la propiedad sobre el petróleo de manera irreversible.
Señaló que con las modificaciones propuestas por el Ejecutivo, ante cualquier conflicto de las empresas privadas con el Estado mexicano, éste se tendría que resolver ante tribunales internacionales.
“No sólo eso, sino que el Estado renuncia a su inmunidad, por lo que sería tratado como un particular, es decir, una demanda en la que estaría en el mismo nivel de las empresas que invertirían. México perdería la soberanía sobre el petróleo”, señaló.
En materia del sector eléctrico, Jorge Calderón Salazar, académico de la UNAM, alertó que se abrirá el camino para la privatización de plantas de producción de energía eléctrica ya existentes y la creación de nuevas plantas, a lo largo llevarán la pérdida de soberanía.
Aseguró que la privatización no abonará a bajar los costos a los consumidores, ni generará energías limpias, sustentables y mejoras tecnológicas, como ha argumentado el Gobierno Federal al defender su propuesta.
“Privatizar ha significado, en muchos casos, incrementar costos a los consumidores mexicanos y privilegiar, como lo han hechos muchas trasnacionales en otros países y en México, la inversión de corto plazo sobre las inversiones de mediano y largo plazo para preservar intereses colectivos y medio ambiente” explicó el académico.
Por ello, enfatizó que la iniciativa de Enrique Peña Nieto conlleva riesgos severos al interés y la soberanía nacional, pues el sector energético queda expuesto a las disposiciones del Tratado de Libre Comercio de América del Norte, TLCAN.
Por su parte, el embajador Jorge Eduardo Navarrete López dijo que los cambios constitucionales, a los artículos 27 y 28, propuestos por el Gobierno dejarían sin efecto la protección que actualmente confiere el North American Free Trade Agreement (Nafta, por sus siglas en inglés) a la reserva petrolera del país.
Automáticamente se anularía esta cláusula del Tratado de Libre Comercio, la cual protege al sector energético de México, en su anexo 602.3. “Se pide al Congreso aprobar una carta blanca, una reforma constitucional que no podrá instrumentarse sin una legislación secundaria, de la que sólo se conoce un esbozo incompleto”, detalló.
El embajador, añadió que se perderá el control soberano del petróleo, además de que no se podrá imponer un impuesto a ingresos extraordinarios, en caso de un aumento súbito de los precios internacionales del petróleo.
Estimó que los elementos nocivos de la iniciativa propuesta por el Presidente de la República, se ven multiplicados por el hecho de que suponga la pérdida de la reserva o excepción energética en el Nafta; “una pinza que supone, en caso de ser aprobada, que asegura que Pemex migre, como ellos quieren, pero que migre hacia el ocaso y hacia su eventual desaparición”, finalizó.