Vehículos abandonados en depósitos estarán a disposición del Servicio de Administración y Enajenación de Bienes

deposito de autos
Un millón 250 mil vehículos se encuentran en estos sitios de los permisionarios federales

La Cámara de Diputados aprobó, por unanimidad, reformas a la Ley de Caminos, Puentes y Autotransporte Federal, a fin de que los vehículos abandonados en los depósitos de guarda y custodia en locales permisionados, puedan ponerse a disposición del Servicio de Administración y Enajenación de Bienes (SAE).

El dictamen, avalado con 419 votos y enviado al Senado de la República, precisa que la autoridad federal, cuando determine la remisión de vehículos para el servicio de depósito de guarda y custodia a locales permisionados por la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT), deberá notificarlo al interesado o a su representante legal dentro de los 15 días naturales siguientes a su ejecución.

En dicha notificación, agrega, se apercibirá al interesado o a su representante legal para que no enajene, disponga o grave el vehículo, si lo hiciere será nula de pleno derecho. De no manifestar su interés, en los plazos establecidos, los bienes causarán abandono en favor del gobierno federal.

Precisa que los vehículos no reclamados por el interesado o representante legal, causarán abandono transcurridos 90 días naturales, contados a partir de la notificación, que en su caso haya llevado a cabo la autoridad federal; posteriormente, se considerarán abandonados y el permisionario tendrá 30 días naturales para ponerlos a disposición del SAE.

El dictamen que adiciona los artículos 45 Bis, 45 Bis 1, 55 Bis, 55 Bis 1 y 55 Bis 2 de la Ley de Caminos, Puentes y Autotransporte Federal, detalla que el permisionario deberá notificar a la Dirección General de Autotransporte Federal el listado de unidades que cumplan con los requisitos para considerarse en el supuesto de abandono.

La excepción será para los vehículos que estén sujetos a procedimientos administrativos, jurisdiccionales o cualquier acción de reclamación, bajo protesta de decir verdad y que estén o hayan estado a disposición de autoridades federales.

En sus artículos transitorios, precisa que los permisionarios deberán informar a la SCT de conformidad al Reglamento de los Servicios de Arrastre, Arrastre y Salvamento y Depósito de Vehículos Auxiliares del Autotransporte Federal el listado de unidades que reciban, así como las que sean susceptibles de considerarse en abandono en favor del gobierno federal.

La SCT deberá automatizar los sistemas de control e información de los permisionarios del autotransporte federal en un plazo máximo de 18 meses, de acuerdo a la disponibilidad presupuestal.

Al fundamentar el dictamen, el diputado Fernando Alfredo Maldonado Hernández (PRI) señaló que la reforma evitará el desordenado hacinamiento de vehículos, con graves consecuencias en el medio ambiente.

Precisó que el abandono inicia por cuestiones legales, pero se agrava por causas financieras derivadas de la estadía en las pensiones o corralones que generan un costo diario, el cual en la mayoría de los casos, en poco tiempo, sobrepasa el valor del vehículo.

Ello provoca que el propietario decida no reclamar y obtener su recuperación, ya que le cuesta más pagar el arrastre y la pensión que lo que vale el bien.

Refirió que en de acuerdo con el SAE en 2005 un millón de vehículos se encontraban en dichos depósitos de los permisionarios federales, y actualmente son un millón 250 mil vehículos.

En su turno, el diputado José Angelino Caamal Mena (Nueva Alianza) indicó que el abandono de automóviles en depósitos concesionados ocasiona graves problemas al entorno ecológico, por los aceites, gasolinas y materiales no biodegradables, además de la afectación económica que esto representa.

El diputado Ricardo Cantú Garza (PT) subrayó que este problema no solo origina gastos de mantenimiento sino que contamina el entorno en que están guardados y “no hay quien cubra los costos”.

El legislador José Soto Martínez (MC) refirió que de acuerdo con la UNAM, 38 mil personas murieron por cáncer de pulmón, enfermedades cardiovasculares e infecciones respiratorias, entre el año 2001 al 2005, a causa de altos índices de contaminación. Se calcula que el costo de los daños que genera representan el 4.4 por ciento del PIB.

El diputado Ernesto Núñez Aguilar (PVEM) consideró que con la reforma se provee de una solución jurídica sin afectar a los particulares, se mejora el ambiente, se utiliza el reciclaje y podrá contribuirse de modo eficiente y adecuado a las arcas municipales.

Por el PRD, el diputado Luis Manuel Arias Pallares subrayó que se abatirán el desorden, la contaminación ambiental y la delincuencia en torno a estos sitios al llevar un estricto control de operación de los depósitos permisionarios, lo que contribuirá a la mejora y modernización del autotransporte federal.

En tanto, el diputado Juan Carlos Muñoz Márquez (PAN) precisó que se atenderá no sólo un problema económico sino también de seguridad, ya que en estos corralones “se fomenta la delincuencia organizada, la inseguridad y el tráfico de partes de vehículos robados, producto del desorden que los caracteriza. Le estamos dando certeza jurídica al propietario del vehículo, al que prestó el servicio y a las autoridades para que puedan lograr un desalojo justo y conforme a derecho”, recalcó.

El diputado Juan Manuel Carbajal Hernández (PRI) destacó que las modificaciones “no sólo traerán consigo la disposición de los más de un millón de vehículos abandonados, sino que representará una reducción en los niveles de polución al disminuir los agentes contaminantes”.

Comentó que la acumulación de vehículos en los patios de los permisionarios federales ha generado una afectación económica por los gastos de arrendamiento, mantenimiento, administración y vigilancia, los cuales tienen que ser cubiertos por los permisionarios.

 

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