Madrid, 27 nov (PL) El Partido Socialista Obrero Español (PSOE) acusó hoy aquí al gobierno conservador de Mariano Rajoy de intentar restringir la libertad de expresión y el derecho de manifestación mediante su proyectada Ley de Seguridad Ciudadana.
En una interpelación parlamentaria al ministro español del Interior, Jorge Fernández, el diputado del PSOE Eduardo Madina denunció que la futura norma del Ejecutivo, bautizada como ley mordaza, destila miedo a no saber cómo contener la protesta social frente a sus recortes.
Madina afirmó que con la reforma de la Ley de Seguridad Ciudadana, vigente desde 1992, Rajoy pretende socializar el miedo y «convertir a la mayoría silenciosa en una mayoría silenciada».
Según su criterio, esta normativa supone una intentona antidemocrática para revertir elementos fundamentales de la Constitución, acusación que Fernández tildó de intolerable, al tiempo de rechazar que el texto nazca del miedo a la contestación ciudadana.
«Tienen un problema a la hora interpretar el significado de la libertad de expresión, de información y el derecho de manifestación y reunión», agregó el legislador del principal partido de la oposición.
Adelantó que el PSOE presentará un recurso ante el Tribunal Constitucional si la ley recibe luz verde.
Para Madina, el Partido Popular (PP, en el poder) quiere convertir España a su imagen y semejanza y lograr hacer realidad sus sueños ideológicos, en los que subyace «un universo tatcheriano» -en alusión a la exprimera ministra británica Margaret Thatcher- para cambiar la forma del país.
A juicio de los socialistas, la iniciativa del PP persigue la represión de los ciudadanos y de las nuevas formas de protesta surgidas al calor de las redes sociales, como el Movimiento 15-M o de los indignados.
La portavoz del PSOE en el Congreso de los Diputados, Soraya Rodríguez, recordó que esta ley no puede aprobarse sin consenso con el resto del arco parlamentario porque afecta al «corazón» de la Carta Magna.
El Gobierno aprobará en los próximos días un proyecto de ley sobre la seguridad ciudadana en paralelo a la reforma del Código Penal, con el que quiere acabar con la creciente ola de manifestaciones y la grabación de los excesos policiales en las calles.
Para numerosos partidos de la oposición, asociaciones de juristas, sindicatos y movimientos sociales, la controvertida iniciativa criminaliza determinadas formas de protesta que la sociedad usa para expresar su malestar frente a las medidas de austeridad.
Participar en una concentración no autorizada frente a las instituciones gubernamentales, por ejemplo, se consideraría una infracción muy grave multada con hasta 600 mil euros, según reza uno de los puntos de la normativa, adelantada por la prensa local.