Brasilia, 12 dic (PL) Otros dos magistrados del Supremo Tribunal Federal (STF) votaron hoy por el fin de las contribuciones privadas a candidatos y partidos políticos brasileños durante la campaña electoral.
Los jueces Dias Toffoli y Luis Roberto Barroso respaldaron un recurso de la Organización de Abogados de Brasil (OAB) que pide se declare inconstitucional la ley que autoriza la entrega de fondos por parte de empresas y ciudadanos a organizaciones políticas en las contiendas comiciales.
Con estas decisiones suman cuatro de un total de 11 miembros de la Suprema Corte los que apoyan este reclamo.
El magistrado Luiz Fux y el presidente de la STF, Joaquim Barbosa se pronunciaron la víspera por poner fin a estos aportes.
En la jornada de este jueves, Toffoli señaló que no existe una justificación constitucional para la participación de empresas brasileñas en el proceso electoral.
«El financiamiento público de la campaña surge como la única alternativa para lograr un mayor equilibrio y equidad de las elecciones. Permitir que las empresas participen en el proceso electoral es abrir un desequilibrio flanco de la dicotomía público-privada», aseveró.
Al igual que Toffoli, Barroso indicó que si las reglas permiten este tipo de donaciones son entonces inconstitucionales y antidemocráticas.
En su opinión, el papel de la ley es tratar de minimizar el impacto del dinero en la creación de la desigualdad en la sociedad y creo que tenemos una fórmula que aumenta la diferencia en lugar de neutralizarla, enfatizó.
Para la OAB los aportes de empresas privadas favorecen el asentamiento en el poder de las clases económicas y genera además inequidades, pues los candidatos sin recursos no gozarán de los mismos privilegios que las elites.
En el caso que el Supremo declare la inconstitucionalidad de esa normativa, la máxima instancia judicial debe otorgar un plazo de 24 meses para que el Congreso Nacional elabore y apruebe una nueva ley, aseveró.
El fin del financiamiento privado de las campañas se incluye entre los reclamos presentados por el Gobierno federal al órgano legislativo tras las masivas protestas de junio último, en demanda de mejoras en los sectores de la salud y educación, y contra la corrupción y el aumento del pasaje en el transporte público.