Bogotá, 17 dic (PL) El ministro de Justicia colombiano, Alfonso Gómez, reiteró hoy que el presidente Juan Manuel Santos ni avala ni valida la decisión de la Procuraduría sobre la destitución e inhabilitación por 15 años del alcalde de Bogotá, Gustavo Petro.
El jefe de Estado se atiene, añadió, al ordenamiento jurídico refrendado por la Constitución, las leyes y decisiones de la Corte Constitucional.
Ese fue el camino que le aconsejó Gómez seguir a Santos, antes de su reunión la víspera por separado con el procurador y el fiscal Eduardo Montealegre, del cual el mandatario no piensa apartarse ni un milímetro, como aseveró en público.
Aclaró el ministro que, como todavía el alcalde se mantiene en el ejercicio de sus funciones y su destitución no ha sido refrendada en forma definitiva, tiene a su disposición varios recursos legales para reclamar la anulación de la sanción impuesta por el procurador general, Alejandro Ordóñez.
Señaló que el Gobierno respeta el derecho del alcalde bogotano a implementar las acciones que estime conveniente, tanto en lo interno como en lo externo.
Solo cuando la sentencia quede en firme -y el presidente no sabe cuándo va a ocurrir eso ni tampoco si quedará, o no, en firme al final- «únicamente en ese momento tomará la decisión que corresponda, de acuerdo con la Constitución, la ley, la jurisprudencia y la Corte Constitucional», dijo Gómez.
Desde entonces esa es la posición asumida por Santos, quien ratificó hoy de nuevo, durante su entrevista con Petro, que no tomará partido ni a favor de Ordóñez ni del alcalde de Bogotá, y que su misión es defender la institucionalidad y lo refrendado por la carta magna.
Por su parte, el vicepresidente Angelino Garzón contempló hoy la posibilidad de abordar una reforma constitucional que modifique la competencia de la Procuraduría, facultada para sancionar y destituir a funcionarios públicos.
También para responder en segunda instancia a una apelación del funcionario sancionado, si la decisión es recurrida, lo cual debería someterse a otra instancia, opinó Garzón.
Esa es la situación que afronta Petro, la semana pasada destituido e inhabilitado por 15 años para ejercer funciones públicas por la Procuraduría, bajo la acusación de supuestas irregularidades durante la puesta en marcha de un nuevo esquema de aseo urbano.
De recurrir a una segunda instancia, tendría que someterse a la decisión del mismo procurador y, según consenso de juristas, es casi imposible que Ordóñez cambie el dictamen anterior.
Garzón, quien integró la Asamblea Nacional Constituyente encargada de redactar la Constitución de 1991, vigente hoy, reconoció en una entrevista con la emisora local Blu Radio que se cometieron errores en la adjudicación de poderes a organismos de control como la Procuraduría, que ejerce además el Ministerio Público.
Todos los constituyentes de todos los partidos, dijo, tenemos que reconocer que nos equivocamos cuando les dimos poderes de control al procurador, a la contralora y al fiscal general.