Caracas, 18 dic (PL) El gobierno venezolano continuó hoy la ofensiva contra la especulación y la usura por parte de empresarios a quienes exige precios justos por la comercialización de sus bienes y servicios.
En una inspección sorpresiva a la conocida juguetería capitalina Party City, un equipo multidisciplinario encabezado por el ministro para la Ciencia, Tecnología e Innovación, Manuel Fernández, detectó irregularidades en los precios de venta al público y en la aplicación de la legislación laboral vigente.
En algunos casos, los precios eran 10 veces superiores al costo de los artículos, adquiridos por la empresa con divisas otorgadas por el Gobierno a una tasa de cambio preferencial, y en otros, productos de igual costo se ofertaban a precios muy diferentes, siempre muy por encima del margen razonable de ganancia.
Como resultado de la inspección, el Instituto para la Defensa de las Personas en el Acceso de los Bienes y Servicios (Indepabis) impuso a los dueños del establecimiento una multa de 535 mil bolívares (84 mil 920 dólares).
En tanto, la fiscalía y el Ministerio del Trabajo iniciaron una investigación para determinar las violaciones cometidas y se decretó de inmediato una rebaja del 50 por ciento en el precio de todos los productos.
Un aspecto pendiente de análisis es el hecho de que la empresa inspeccionada opera en una cadena de otras ocho entidades controladas por los mismos propietarios.
Por otra parte, el jefe del ûrgano Superior para la Defensa de la Economía, Hebert García, se refirió a las violaciones encontradas en la funeraria Monumental donde cobran ocho mil 280 bolívares (mil 314 dólares) por seis horas de alquiler de una capilla pequeña, cuando debería ser mil 151 bolívares (182 dólares).
Señaló que la especulación y la usura abarcan todos los servicios ofrecidos por la funeraria, incluidos el transporte y la gastronomía.