Washington, 19 dic (PL) El presidente estadounidense, Barack Obama, debe decidir sobre el espinoso asunto del espionaje de la Agencia de Seguridad Nacional (NSA), donde se unen presuntos peligros terroristas y derechos a la privacidad.
Este miércoles un panel presidencial sugirió al mandatario 46 recomendaciones para poner un cerrojo a la agencia y hacer una revisión sustancial de sus actividades, unas pocas de las cuales ya fueron filtradas a la prensa por el excontratista Edward Snowden.
El gobierno reaccionó a las sugerencias de los expertos en campos como la lucha antiterrorista, la inteligencia, la vigilancia, la privacidad y las libertades civiles, diciendo que serán analizadas las propuestas.
El vocero presidencial Jay Carney dijo que Obama probablemente se llevará el documento con él en sus vacaciones para «estudiarlo y trabajar en él» antes de dar a conocer sus consideraciones finales y las medidas que adoptará.
La respuesta de la Casa Blanca no es evaluada como un comprometimiento para hacer los cambios sugeridos aunque algunas de las 46 iniciativas pudieran ser aceptadas y divulgada su aprobación antes o durante el discurso sobre el Estado de la Unión, alocución que el mandatario dirigirá al país previsiblemente el 28 de enero.
El panel integrado por Michael Morell, un ex oficial de la CIA, Richard Clarke, exfuncionario de contraterrorismo, Cass Sunstein, profesor de derecho, Peter Swire, un exfuncionario sobre la privacidad, y Geoffrey Stone, profesor de derecho constitucional, tocó el asunto de la vigilancia telefónica.
La recogida masiva de datos de cada llamada de teléfono en Estados Unidos es una parte sustancial del escándalo revelado por Snowden y ya un juez federal puso en duda su legitimidad al fallar que la NSA puede incurrir en violaciones de los derechos constitucionales de millones de estadounidenses.
Los alegatos gubernamentales de que esto es fundamental para frustrar ataques terroristas no terminan de convencer a millones de personas que se sienten espiadas en su vida íntima, según revelan encuestas y medios de prensa.
Los propios expertos concluyeron que el espionaje masivo de las llamadas no era esencial para prevenir los ataques y avanzaron la necesidad de una vigilancia de forma más específica.
Una propuesta que pudiera calmar a los afectados es la creación de un defensor público que se encargaría de velar ante el Tribunal de Vigilancia de Inteligencia Extranjera la violación de los derechos de privacidad.
En la actualidad el grupo secreto de jueces federales que dan vía libre a las operaciones para espiar sólo tiene en cuenta los criterios del gobierno antes de dictar si una acción de vigilancia es legal.
La Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU, por sus siglas en inglés, uno de los grupos más críticos de la NSA, considera que sus programas son antiamericanos, inconstitucionales y necesitan ser regulados, según plantea un comunicado de Anthony Romero, director ejecutivo de esa organización.