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Mujeres con derechos, una mirada a Nicaragua

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Managua, 23 dic (PL) Vistos como un todo indivisible, los derechos económicos, políticos y sociales de las mujeres en Nicaragua encuentran mayores oportunidades y realizaciones, bajo el gobierno del presidente Daniel Ortega, reconocen actores nacionales e internacionales.

Más de la mitad de la población está compuesta por féminas; pero el reconocimiento de sus prerrogativas para nada ocurre de manera espontánea, dados los códigos de la cultura patriarcal históricamente predominante.

Lo ocurrido durante 2013 a fin de promover la equidad de género tributa a una tendencia sostenida durante los últimos siete años, que conjuga la visión del gobernante el Frente Sandinista de Liberación Nacional y el activismo social.

Con la intervención del Ejecutivo y el Parlamento, las políticas específicas abarcan desde la salud sexual y reproductiva -que respeta tradiciones y creencias nacionales-, empleo, defensa de los bienes patrimoniales, educación, combate a la pobreza y la violencia hasta acceso a cargos públicos.

El Foro Económico Mundial posicionó a Nicaragua en el puesto número 10 entre los países de mayores avances en cuanto a la promoción de los derechos de las mujeres en áreas clave de la vida cotidiana como salud, educación, empleo y política.

Entre los aciertos reconocidos figura la participación igualitaria en las candidaturas de elección popular de hombres y mujeres, en proporción del 50 por ciento y de forma alterna para cada cargo.

Esta iniciativa, puesta en práctica por primera vez en los comicios municipales de 2012, acaba de recibir el máximo respaldo institucional, con su incorporación a la Constitución Política de la República.

A fines de octubre último, la Organización de Naciones Unidas (ONU) y el Foro Económico Mundial apreciaron los avances aquí en equidad de género, durante el Primer Encuentro Internacional de Ministras y Lideresas de Defensa celebrado en Guayaquil, Ecuador.

Según apreció ONU-Mujeres, el 42 por ciento de los escaños en la Asamblea Nacional son ocupados por féminas, ellas ejercen el 54 por ciento de los cargos en la rama ejecutiva, el 60 en el Poder Judicial y el 50 por ciento en el gobierno municipal.

Nicaragua creó en febrero de 2013 los ministerios de Juventud y de la Mujer, lo que a juicio de la diputada Irma Dávila, presidenta de la Comisión de Justicia y Asuntos Jurídicos del Parlamento, constituye “un salto cualitativo e histórico, de cara a continuar la ruta de restitución de derechos”.

En 2011 Naciones Unidas galardonó al proyecto de las Casas Maternas que albergan cada año a miles gestantes fundamentalmente de áreas rurales, para acercar la atención médica antes, durante y después del parto.

También ONU elogió la reducción de la transmisión del VIH-Sida de madres a hijos y el descenso de las defunciones maternas aunque estas todavía presentan índices elevados.

Un análisis realista de las condiciones del país, signadas por el empobrecimiento, ubicó como meta estatal bajar la tasa de mortalidad materna de 53,0 por cada 100 mil nacidos vivos en 2011 a 40 por cada 100 mil para 2015, corroboró la titular de Salud, Sonia Castro.

Alta estima popular recibe igualmente el plan Usura Cero, que otorga créditos a las mujeres, con bajas tasas de interés y facilidades de pago, a fin de fomentar pequeños negocios para el sustento de las familias.

Un sondeo de M&R Consultores señaló para Usura Cero 80,9 por ciento de calificación ciudadana positiva, indicativo del impacto social de ofrecer fuentes de empleo estable a miles de madres solteras y jefas de hogares.

En casi seis años el plan patrocinó a más de 150 mil mujeres en alrededor en tres mil 500 barrios de 146 municipios, precisó en mayo la directora del proyecto, Leonor Corea.

Además, el gobierno pondrá a prueba el proyecto piloto “De Mujer a Mujer” para establecer cadenas productivas entre las beneficiarias de Usura Cerro y del Bono Productivo Alimentario, que proporciona pies de cría y otros insumos para producir alimentos en los hogares.

Mientras la defensa a las féminas contra la violencia física, sicológica, sexual, patrimonial y laboral va ganando terreno a raíz de la puesta en vigor el año anterior de una norma integral sobre la materia, la Ley 779.

Un extenso abanico de oportunidades ejercidas y potenciales aparecen como prerrogativas de las nicaragüenses, para dar cuenta de lo que significa una Revolución como fuente de derecho para el pueblo.

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