La Primera Comisión de la Permanente exhortará al Congreso de la Unión para que legisle en materia de propaganda gubernamental, por lo que propuso un punto de acuerdo que se llevará este miércoles ante la tribuna de la Permanente.
La propuesta del senador Manuel Camacho Solís fue rechazada por la Permanente, pues el perredista exhortaba al gobierno federal y a los partidos políticos para que una vez aprobada la reforma, “se baje de los tiempos oficiales” la publicidad, a favor o en contra, de la Reforma Energética.
Camacho Solís indicó que en la presente administración, la opinión pública y la sociedad “están siendo presionadas con un cúmulo de publicidad de lo que al Gobierno federal le conviene, lo cual no corresponde a un régimen democrático”.
“Lo que pedimos es que los intereses de los ciudadanos estén en el mismo tiempo que los intereses del poder público; es importante tener información. Reclamamos el abuso del que está siendo objeto la sociedad con las campañas que hace el gobierno”, dijo.
El senador David Monreal Ávila del PT aseguró que las campañas gubernamentales lesionan el patrimonio de la propia sociedad al destinarles grandes porcentajes de recursos públicos y alertó que hay estados y municipios en el país que destinan casi un 30 por ciento del paquete económico a sus campañas en lugar de destinarlo al abatimiento de rezagos.
Por su parte, los priistas Regina Vázquez Saut y Manuel Añorve Baños, negaron estar en contra de la regulación de la propaganda gubernamental y pidieron conocer las iniciativas sobre el tema.
Durante la reunión de este martes los legisladores que integran la Primera Comisión de Trabajo también llamaron a las comisiones de Comunicaciones y Transportes, de Gobernación y de Estudios Legislativos del Senado de la República, informen sobre la Ley Federal de Comunicación Gubernamental, presentada por los senadores Javier Corral Jurado, Marcela Torres Peimbert, Víctor Hermosillo y Celada y Ernesto Rufo Appel.
En tanto, el senador Javier Lozano Alarcón del PAN recordó que ya existe una propuesta para regular la propaganda gubernamental en los tres niveles de gobierno y el propósito es evitar que se utilice el dinero de comunicación social para promover la imagen de cualquier servidor público.