México (PL) Cuando el pasado 13 de enero el Gobierno mexicano anunció que asumiría el control de la seguridad en Michoacán, respondió a una situación que se presentaba insostenible para la entidad federativa, afectada por una creciente ola de violencia.
Las denuncias sobre el clima de inseguridad existente en el estado del centro-oeste del país se producían desde hacía varios meses, debido al creciente número de robos, extorsiones, secuestros y asesinatos atribuidos al cártel Los Caballeros Templarios, grupo criminal que anunció su aparición en marzo de 2011.
Un año después del surgimiento de la organización delictiva, ya la prensa hablaba con frecuencia de sus actividades y se referían a ella como un cártel narcotraficante cuasi religioso que controlaba la zona de la Tierra Caliente y, de hecho, casi todo el estado.
La agrupación no sólo se financia con el tráfico de metanfetaminas y marihuana y con la extorsión, sino que también administra carreteras, controla la economía local y funge de coleccionista de deudas para los habitantes frustrados con la ineptitud del sistema judicial, divulgaron diarios como La Razón.
En medio de ese clima, y ante lo que la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) calificó como incapacidad de las autoridades para proteger a la población, comenzó a reportarse en febrero de 2013 la aparición de grupos de civiles armados decididos a defender a sus comunidades.
La expansión de la violencia llevó al secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio, a anunciar en mayo del pasado año que mantendrían los operativos militares en el estado y a asegurar que no habría pacto con el crimen organizado y los grupos delictivos. Con los problemas que se están presentando en lo político y en el desarrollo económico, habrá que ver todo de manera coordinada y desde ahora anuncio de parte del Presidente el respaldo y el apoyo a las autoridades locales y a los michoacanos, manifestó en ese momento.
Entonces el Gobierno federal aplicó en la zona una nueva operación que incluyó a cientos de soldados, infantes de la Marina y Policías Federales, pero a pesar del despliegue, el estado continúo en medio de un embate criminal que se hizo cada vez más intolerable para sus habitantes.
Los Templarios se dedicaron a secuestrar a agricultores, empresarios y ganaderos, e incluso empezaron a cobrar cuota por toda la producción agrícola y la actividad comercial de la región, ante lo cual aumentó el número de autodefensas dedicadas a hacerles frente.
Pero la propia presencia de esos colectivos de civiles armados
provocó la alerta de instituciones como la CNDH, que llamó a impedir su expansión, al considerar que grupos de personas decididos a tomar la justicia por sus propias manos también podían convertirse en un riesgo para la tranquilidad del estado.
Fue precisamente en Michoacán, en la frontera con Jalisco, donde a principios de noviembre pasado se descubrió una veintena de fosas clandestinas, de las cuales, tras varias semanas de búsqueda, fueron extraídos más de 70 cadáveres.
Esos asesinatos se atribuyeron a ajustes de cuenta derivados de la lucha entre Los Caballeros Templarios y el cártel de Jalisco Nueva Generación por el control de Michoacán.
De ese modo, 2014 empezó con una crisis que obligó al Gobierno de Enrique Peña Nieto a desplegar desde el 13 de enero elementos de las fuerzas federales ※militares, policías y agentes ministeriales※ en 27 municipios para encargarse de las labores de protección.
Luego de un fin de semana en el que se registraron quemas de vehículos, negocios y edificios públicos, bloqueos de carreteras y la extensión de los grupos de autodefensa por varias localidades, el Secretario de Gobernación y el mandatario local, Fausto Vallejo, firmaron el Acuerdo para el Apoyo Federal a esa entidad.
Como parte de ese pacto, se invertirán 250 millones de pesos -unos 19 millones de dólares- para reforzar el programa de prevención del delito en la región.
En ese momento, Osorio emplazó a los grupos de autodefensa a que regresaran a sus lugares de origen o se incorporaran a los efectivos federales, pues afirmó que el cuidado de sus poblados estaría plenamente a cargo de las instituciones.
Pero los colectivos de civiles armados rechazaron deponer las armas y pidieron al Ejecutivo capturar a los líderes de Los Templarios, pues su objetivo es acabar con la presencia de esa organización delincuencial.
Dos días después, el 15 de enero, se dio a conocer en el país la creación de la Comisión para la Seguridad y el Desarrollo Integral de Michoacán, al frente de la cual fue designado Alfredo Castillo, quien hasta entonces era el titular de la institución federal de defensa del consumidor.
Entre las facultades otorgadas al nuevo comisionado, están las de promover la coordinación de las autoridades locales y municipales con los mandos federales, así como el esfuerzo de todas las dependencias para restablecer las condiciones de calma y desarrollo.
Tras nueve días de operativos en territorio michoacano, las
autoridades informaron sobra la detención de al menos 72 personas, 59 de ellas en la Tierra Caliente, por su presunta participación en hechos delictivos.
Por su parte, el jefe del Ejecutivo federal aseguró que las autodefensas son bienvenidas para unirse a las instituciones si desean continuar en la lucha contra el crimen organizado.
Durante su participación en el Foro Económico Mundial, en la ciudad suiza de Davos, Peña Nieto reconoció que esas agrupaciones de civiles se han organizado genuinamente para defender a sus comunidades, pero remarcó que el Estado mexicano es el único responsable y con atribuciones para establecer de forma real un clima de seguridad.
Tras afirmar que el Gobierno entró de lleno en los municipios donde las fuerzas públicas estaban debilitadas o infiltradas por la delincuencia, señaló que ahora trabajan en la creación de nuevos cuerpos policiales con capacidad para prestar servicio.
En medio de esta coyuntura, numerosas voces han remarcado la necesidad de atender las causas de fondo que originaron el nivel de violencia que se vive en la zona.
Según el propio mandatario, su administración está haciendo frente a lo ocurrido en Michoacán con una estrategia que no solo está en combatir la inseguridad y la delincuencia organizada, sino en otras acciones orientadas a la reconstrucción del tejido social y, sobre todo, a lograr un desarrollo integral.
En ese sentido, el titular de Gobernación llamó a las dependencias federales a apoyar las actividades de la Comisión que encabeza Castillo.
Al decir del responsable de ese organismo de nueva creación, tendrán que llevar a cabo el fortalecimiento de las instituciones y no se retirarán hasta que las autoridades locales tengan la capacidad de tomar el control.
De ese modo, los efectivos federales continúan desplegados por la Tierra Caliente michoacana y los estados vecinos blindan sus fronteras ante el temor de que el llamado efecto cucaracha pueda llevar a los criminales hacia otras entidades.
Mientras tanto, el Ejecutivo tiene el reto no solo de llevar la tranquilidad a los ciudadanos de Michoacán, sino además, de buscar respuestas que vayan a las causas sociales, económicas y culturales de una situación cuyas raíces se remontan a varias administraciones atrás.