El senador Armando Ríos Píter, propuso mediante una Iniciativa, ante el pleno, la creación de un Tribunal General De Responsabilidades Financieras en el Servicio Público, para tener un nuevo marco institucional que combata la corrupción y de seguimiento, por parte de los ciudadanos, del gasto público”.
El senador perredista señaló que se necesita un nuevo andamiaje que transforme el manejo del gasto público: “no solamente en la forma en la que se planea y se programa, sino en la que se ejecuta y se le da seguimiento por parte de la sociedad”.
Mencionó que es escandaloso ver notas que aparecen en los medios de comunicación, por ejemplo, hoy se expone que el 96 por ciento de las denuncias que ha hecho la Auditoría Superior de la Federación, han quedado sin rumbo, o no han tenido una conclusión.
Ríos Piter detalló que el caso de Oceanografía, y situaciones como la deuda subnacional, cuyo informe indica que las obligaciones financieras de algunos estados superan el porcentaje de manera preocupante, como en Coahuila con casi 300 por ciento; Quintana Roo con 235 por ciento, o Nuevo León con el 208 por ciento, condición alarmante para las finanzas públicas de esos estados, pero a nivel nacional.
El también Secretario de la Comisión de Hacienda y Crédito Público, argumentó que otros rubros del ejercicio público que preocupan son: Salud, donde el Seguro Popular objetó el 23 por ciento de su presupuesto, con irregularidades según la Auditoría Superior de la Federación.
“En seguridad pública, la opacidad afectó hasta el 39 por ciento de los fondos; cuatro de cada diez pesos que se están gastando hoy en esta materia, según la Auditoría Superior de la Federación, enfrentan este tipo de problemas” aseveró.
Ríos Piter continuó: “en adición a la discusión que hemos dado en este Senado, en materia de transparencia con la autonomía del IFAI, en materia de la Comisión de Combate a la Corrupción, proponemos la conformación de este tribunal, para garantizar que el Sistema Nacional de Fiscalización, sea un objetivo claro y con rumbo de parte de esta legislatura”.
La creación del Tribunal General De Responsabilidades Financieras en el Servicio Público, tiene antecedentes exitosos en países como España, Bélgica y El Salvador, así como en la Unión Europea. Sería una instancia dotada de autonomía técnica, de gestión y presupuestaria, con personalidad jurídica y patrimonio propio.
Su función, sería complementar la labor de la Auditoría Superior de la Federación y de lo que será el Sistema Nacional de Fiscalización, para sancionar respecto del ejercicio del presupuesto público que genere, administre o ejerza cualquier autoridad, entidad órgano y organismo de los Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, órganos autónomos, partidos políticos, fideicomisos y fondos públicos.
Asimismo, expresó, que también las personas físicas, morales o sindicatos que reciban y ejerzan recursos públicos en los ámbitos federal, estatal o municipal.
La iniciativa fue turnada a las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales, Hacienda y Crédito Público y Estudios Legislativos Primera.