Plantean que aerolíneas reembolsen parte del precio del boleto por retrasos

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El senador Jesús Casillas Romero, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, propuso modificar el artículo 54 de la Ley de Aviación Civil, a fin de obligar a concesionarios o permisionarios del transporte aéreo a reembolsar el 10 por ciento del precio del boleto por cada hora de retraso en el servicio que prestan.

“No hay equidad entre lo que pasa con el usuario cuando no llega a tiempo, aunque todavía esté el avión de salida, con lo que plantea la aerolínea cuando se retrasa”, expuso el legislador.

El senador por Jalisco dijo que son frecuentes en el país los retrasos en los vuelos, que van desde 30 minutos hasta una o dos horas; “lo único que ofrecen las aerolíneas, a diferencia de cuando uno no llega a tiempo, es una disculpa”, que no es suficiente para quien tiene una cita médica o de trabajo.

Casillas Romero dijo que se pretende eliminar esta disparidad mediante la modificación del artículo 54 de la Ley de Aviación Civil, a efecto de que la aerolínea se comprometa a cumplir con lo que ofrece: traslado, horarios de salida y de llegada, y en caso de no cumplir, tendrán que resarcir o retribuir al usuario el equivalente al 10 por ciento del costo del boleto por cada hora de retraso.

“Esto es realmente una sana justicia entre el usuario y las aerolíneas. El servicio que prestan las aerolíneas es un negocio, pero no se vale abusar del usuario”, agregó el senador del PRI.

La propuesta, que fue suscrita por diversos legisladores, busca proteger los derechos del consumidor y procurar equidad, certeza y seguridad jurídica en las relaciones entre proveedores y consumidores.

“Se pretende restablecer el equilibrio contractual que debe existir entre las partes en la relación de consumo, y que muchas veces se rompe por la superioridad del profesional, que en el plano técnico y económico tiene condiciones y conocimientos mucho más amplios de los que tiene el consumidor”, expresa al texto de la iniciativa.

La iniciativa se turnó a las Comisiones Unidas de Comunicaciones y Transportes, y de Estudios Legislativos Segunda, para su análisis y dictamen.

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