El Ombudsman nacional, Luis Raúl González Pérez, instruyó a que, a raíz de los nuevos elementos difundidos sobre el caso Apatzingán, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos intensifique las investigaciones que realiza desde el primer momento en que sucedieron los hechos.
Al participar en una reunión de trabajo a la que fue invitado por los integrantes de la Comisión de Derechos Humanos del Senado de la República, González Pérez señaló que los hechos demandan una investigación exhaustiva, integral y objetiva, que agote todas y cada una de las líneas de investigación. Nuestro mandato constitucional y nuestro compromiso con la sociedad, subrayó, nos demandan el esclarecimiento total de estos hechos.
“No podemos precipitarnos ni anticipar conclusiones”, sostuvo el titular de la CNDH, quien aclaró que “la gravedad de las imputaciones que se formulan demanda que actuemos con toda seriedad y responsabilidad, a efecto de que las conclusiones a las que se llegue estén sólidamente sustentadas en las evidencias y elementos que obran en los expedientes de queja”.
En su exposición ante senadoras y senadores, González Pérez, señaló que México requiere leyes con contenidos técnicamente pertinentes y actualizados, así como con políticas públicas que den vigencia real y utilidad práctica a los derechos fundamentales como herramientas esenciales contra la impunidad, pues de este modo su vigencia y aplicación difícilmente será cuestionada o eludida.
Explicó que la defensa y protección de los derechos humanos no pueden esperar ni estar sujetas a tiempos o intereses políticos o de cualquier otra naturaleza. Precisó que debe actuarse de inmediato, en tanto que la suma de esfuerzos institucionales debe ser un mecanismo que coadyuve a llamar la atención y resolver problemas en la materia.
Ante los legisladores encabezados por la Senadora Angélica de la Peña Gómez, Presidenta de la Comisión de Derechos Humanos del Senado de la República, expresó su convencimiento de que los derechos humanos son el factor de cambio que genera en la sociedad y en las autoridades un nuevo paradigma de convivencia, sustentado en el respeto a la ley y a la dignidad humana.
“La prevención –dijo— es la mejor protección que tenemos en contra de las violaciones a derechos humanos. Ninguna reparación del daño a las víctimas o castigo a los responsables será equivalente a que el hecho violatorio, simplemente, no se hubiese producido”.
Tras reconocer la tarea legislativa y lo mucho que puede aportar a la causa de los derechos humanos con instrumentos como la Ley General de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes, el Ombudsman nacional puntualizó que detrás de cada violación a derechos fundamentales subyacen condiciones, situaciones y prácticas que –más allá del resultado que tengan las investigaciones específicas de cada caso—, demandan ser atendidas para prevenir su repetición.
Manifestó que se trata de prácticas que deben ser erradicadas, como la tortura; ejecución extrajudicial; desaparición forzada; tratos crueles, inhumanos y degradantes; trata de personas; discriminación en todas sus formas, en especial hacia las mujeres; agresiones a periodistas y defensores de derechos humanos; corrupción e impunidad; migración; desatención a los pueblos indígenas; explotación y abuso de niñas, niños y adolescentes; maltrato y exclusión de personas con discapacidad; desatención a las víctimas y la precariedad de los derechos económicos, sociales y culturales, entre otras.
En este encuentro que se llevó a cabo dentro de la Décimo Sexta Reunión Ordinaria de la Comisión de Derechos Humanos, en la Sala de Protocolos de la Junta de Coordinación Política del Senado de la República, González Pérez planteó que a través de las Comisiones de Justicia y de Estudios Legislativos Segunda se dé continuidad al trámite de las iniciativas formuladas al respecto, como respetuosamente lo formuló por escrito en días pasados.
El Presidente de la CNDH puntualizó que, de acuerdo con nuestro esquema federal, la adecuación normativa trasciende al Poder Legislativo de la Unión, ya que tendrá que ser asumir, con igual responsabilidad y compromiso, por las legislaturas estatales en sus ámbitos de competencia. No obstante ello, consideró que es factible la suma de esfuerzos entre la Comisión de Derechos Humanos del Senado y la CNDH para promover e impulsar que se concluyan los procesos normativos que el país requiere como consecuencia de la reforma constitucional de 2011.
“Los órganos del Estado tenemos una enorme responsabilidad con la sociedad que debe expresarse en las acciones que emprendamos por el respeto y defensa de la dignidad humana. Tenemos la oportunidad de servir a México y a su sociedad si podemos contribuir a que los derechos adquieran una vigencia plena y tengan una aplicación real”, finalizó.