*Para el magistrado Élfego Bautista Pardo, “las implicaciones jurídicas y económicas del RPPyC son tan importantes que si éste no funciona eficaz y adecuadamente, se pone en riesgo la seguridad jurídica de los usuarios y junto con ella nuestro orden normativo, pues una de las finalidades principales del derecho es garantizar la seguridad jurídica
Los registros son instituciones dotadas de fe pública que brindan seguridad jurídica a los otorgantes de los actos, sus causahabientes y terceros, a través de la publicidad y la oponibilidad de los actos jurídicos que reconoce, los cuales son hechos con relevancia jurídica.
Al desarrollar un estudio referente al Registro Público de la Propiedad y de Comercio (RPPyC), el magistrado Élfego Bautista Pardo, tras afirmar lo anterior, dijo en entrevista con este reporteo que “según su competencia territorial en nuestro país, existen dos tipos de Registros: los locales creados por la potestad de las legislaturas de los estados cuya autoridad se encuentra restringida al ámbito de los mismos, como el Registro Civil; y los registros federales, que se encargan de dar publicidad a los actos o hechos de competencia federal, ejemplo de ellos tenemos el Registro Público de Comercio, así como el Registro Agrario Nacional”.
El RPPyC, afirmó, es la institución mediante la cual el Gobierno del Distrito Federal da publicidad a los actos jurídicos que, conforme a la ley, precisan ser anotados en el mismo para surtir sus efectos ante terceros, con la finalidad de dar mayor estabilidad y una amplia garantía al derecho de propiedad sobre bienes inmuebles.
Es importante señalar, dijo, que en nuestro Sistema Jurídico el Registro es obligatorio sólo para surtir frente a terceros, no para los contratantes, pues para ellos el acto jurídico ya existe desde el momento de su perfeccionamiento; por lo que en estos casos la anotación sólo se lleva a cabo de manera voluntaria cuando el titular del derecho de propiedad solicita la inscripción correspondiente.
Explicó: “La función del RPPyC es dar a conocer cuál es la verdadera situación jurídica de un inmueble, tanto en relación a su propietario como respecto a las cargas y derechos reales que puede reportar. Sus servicios son de gran utilidad y se realizan por medio un sistema informático integral, de captura, almacenamiento, custodia, seguridad, consulta, reproducción, verificación y transmisión de la información contenida en su acervo”.
En este sentido, el magistrado Élfego Bautista Pardo, explicó que su finalidad es esencialmente dar publicidad a los actos jurídicos ya sean celebrados por particulares o autoridades, además se encuentra obligado a expedir copias certificadas de las inscripciones o constancias que figuran en sus folios, y certificaciones de existir o no asientos relativos a los bienes.
Por lo que existe –continuó- la posibilidad de verificar la titularidad de cualquier bien antes de comprar, lo que generará seguridad jurídica para celebrar determinada transacción inmobiliaria o crediticia, pues a través de dicha institución se conocerán las características del inmueble, sus limitaciones, gravámenes, afectaciones, etcétera.
Así las cosas, apuntó, las implicaciones jurídicas y económicas del Registro Público de la Propiedad son tan importantes que si éste no funciona eficaz y adecuadamente, se pone en riesgo la seguridad jurídica de los usuarios y junto con ella nuestro orden normativo, pues una de las finalidades principales del derecho es garantizar la seguridad jurídica.
Esta institución, dijo finalmente, se encuentran a tu servicio, úsala y no dudes en realizar tus preguntas en el portal de la Consejería Jurídica y de Servicios Legales (www.consejeria.df.gob.mx) en el apartado especial del Registro Público de la Propiedad y de Comercio-DF, o bien, la sociedad puede acudir a sus oficinas ubicadas en Calle Villalongin, 15, Delegación Cuauhtémoc, C. P. 06500, en la ciudad de México. ”Así es el Derecho”, puntualizó
El magistrado Élfego Bautista Pardo, es Titular de la Quinta Sala Civil-Ponencia 3, cuya sede se localiza de las Salas Civiles y Penales del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal (TSJDF), de Río de la Plata.