El senador Armando Ríos Piter, del Grupo Parlamentario del PRD, propuso expedir la Ley para eliminar la dependencia de las importaciones de maíz de Estados Unidos, con el propósito de garantizar la producción, abasto y distribución de la mazorca para la economía nacional y el consumo popular.
En el documento, se prevé declarar al maíz como un bien necesario para la economía nacional y el consumo popular, y precisa que el Estado mexicano establecerá las políticas y acciones necesarias para garantizar de manera permanente y con carácter de prioridad nacional el abastecimiento de maíz para consumo humano, como parte de la seguridad alimentaria y nacional.
El senador argumentó que el propósito de la iniciativa, es dar una respuesta a la hostilidad y agresividad mostrada en las últimas semanas, por parte de la nueva administración en Estados Unidos, ante la implementación de acciones contra los connacionales que viven en territorio estadunidense, pero sobre todo contra México, como país.
La propuesta pretende establecer un Programa de Compras Consolidadas de Maíz del Exterior, cuyo objetivo es disminuir las compras de este producto a Estados Unidos en un 60 por ciento el primer año, en 80 por ciento el segundo año, y en 100 por ciento en el tercer año de la publicación de este Decreto; así como determinar los criterios de regulación y restricciones no arancelarias en la importación y exportación del producto.
La iniciativa del senador Ríos Piter, también reforma diversos artículos de la Ley de Comercio Exterior, de la Ley de Seguridad Interior y de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Púbico, con el propósito de establecer que la Seguridad Alimentaria sea un caso que permite ejercer medidas de regulación y restricciones no arancelarias.
Además, especifica que para la preservación del Estado mexicano es una prioridad el abastecimiento oportuno de alimentos de consumo popular y necesario para la economía nacional, y señala las atribuciones del Ejecutivo federal, la Secretaría de Economía (SE), la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (Sagarpa) y del Consejo de Seguridad Nacional en la materia.
Aunado a esto, establece como amenaza de Seguridad Nacional cuando “se ponga en riesgo el abastecimiento oportuno de alimentos de consumo popular y necesario para la economía nacional.”
La iniciativa se turnó a las comisiones unidas de Comercio y Fomento Industrial, y de Estudios Legislativos para su análisis y dictaminación.