La presidenta del Sistema DIF Morelos, Elena Cepeda, hizo un llamado para que las Secretarías y organismos con relación en la implementación y funcionamiento de la Ley de Atención y Reparación a Víctimas del Delito y de Violaciones a los Derechos Humanos para Morelos, aprobada por el Congreso del Estado, trascienda más allá de ser una nueva legislación y a través del Gobierno en Red de la Nueva Visión, cuente con el respaldo presupuestal y su correcta reglamentación, logrando finalmente el funcionamiento que se espera en beneficio de los morelenses.
Al encabezar una reunión de trabajo con los titulares de diferentes dependencias estatales, Elena Cepeda reconoció la aportación a la Ley de Víctimas del Delito de organizaciones de la sociedad civil e integrantes de la Red por la Paz y la Justicia que a través de foros contribuyeron con sus propuestas a esta iniciativa, así como la participación de especialistas en el tema como la Fundación Baltasar Garzón y jueces de Audiencia Nacional Española y asesores del Tribunal de la Haya, cuyos representantes fueron invitados a este encuentro.
Acompañada de la coordinadora de la Ley Integral de Protección a Víctimas en Morelos, Nadxielli Carranco Lechuga, la presidenta del Sistema DIF Morelos, dijo que ha sido ocupación del gobernador Graco Ramírez sentar las bases y promover esta iniciativa con la que Morelos se pone a la vanguardia, al definir cuál debe ser la actuación y respuesta del Estado para atender lo que la ley señale, por lo que resulta fundamental la aportación de las Secretarías del Gobierno estatal a partir de los propios presupuestos.
Por su parte, Nadxielli Carranco dio a conocer la descripción detallada de la nueva Ley de Atención y Reparación a Víctimas del Delito y de Violaciones a los Derechos Humanos para Morelos Ley, además de lo que se requiere en aportación por parte de las dependencias gubernamentales para construir la reglamentación de esta ley, «Es necesaria una restructuración institucional a partir de la aplicación de un protocolo único con una participación de todas las áreas del Gobierno a fin de no hacer una doble victimización», destacó.
El Juez Baltasar Garzón, cuya Fundación intervino de manera importante en la conformación de la iniciativa presentada por el Ejecutivo estatal, dijo que esta ley es ejemplo por su espíritu de compromiso y exigencia, subrayando que «El desarrollo, la implementación de recursos y la interacción con la sociedad civil va ha ser fundamental en el inicio de esta ley en una sociedad de derechos y del derecho».
Cabe resaltar la presencia en esta reunión de Dolores Delgado y Fernando Andreu, Jueces de la Audiencia Nacional Española y asesores del Tribunal de la Haya, así como de la activista colombiana, líder del Centro de Acercamiento para la Reconciliación y la Reparación (Care), Pastora Mira, quien compartió su experiencia como victima de violaciones a las derechos humanos enfrentada por su familia en su país.